Argentina: sociedad civil presentará al Congreso nuevo proyecto de ley de emergencia social

Argentinos no esperarán hasta 2019 para reclamar sus derechos

La propuesta contempla $ 1,8 millones para luchar contra la pobreza pero extiende hasta 2019 el plazo para declarar la emergencia social acordada con la sociedad civil, mientras el 32 por ciento de los argentinos se encuentra en situación de pobreza y la caída en la demanda de alimentos desciende a picos históricos

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Desde el pasado jueves los argentinos encabezados por numerosas organizaciones sociales se concentraron en la Plaza de Mayo y El Obelisco de la capital y cerraron avenidas estratégicas durante una marcha de protesta que concluyó en el Congreso donde exigieron a los legisladores declarar la emergencia social, mientras agitaban como consigna central la frase «La ciudad puede; el hambre no espera». Organizaciones sociales como Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), denominado triunvirato piquetero, entregaron un anteproyecto de ley de emergencia social elaborado conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

En el texto se plantea la necesidad de crear un «Consejo de la Economía Popular», destinado a «elaborar propuestas de políticas y de gestión», y «estrategias para el desarrollo de la economía popular», además de auditar la ejecución de las partidas para programas sociales. El texto contempla la creación de un «Registro Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular», desde el cual se impartiría capacitación y se dotaría de herramientas, maquinarias, insumos y espacios físicos para el desarrollo de actividades productivas a los beneficiarios, además de incentivarlos a finalizar sus estudios. Para poner en marcha ese aparato, los proyectistas reclaman un presupuesto de $ 480 millones anuales.

Además, la iniciativa pretende implementar un «Salario Social Complementario» (SSC) similar y no menor al 50% del valor actual del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), para lo que reclaman otros $ 1.800 millones, a repartir entre los beneficiarios. Son, en total, $ 2.280 millones. Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce Guadalupe Tagliaferri, advirtieron que las organizaciones ya reciben asistencia para cooperativas de trabajo y como instituciones capacitadoras del programa Formación e Inclusión para el Trabajo, además de alimentos para los comedores que administran. «Las acompañamos desde los distintos programas con los que cuenta el ministerio», aseguran los gobernantes porteños. Las mismas organizaciones sociales y los bloques políticos que impulsaron y lograron la sanción de la Ley de Emergencia Social, en diciembre pasado, trabajan para conseguir en los próximos meses un giro extra de fondos para la emergencia alimentaria en todo el país. El objetivo prioritario es que el Poder Ejecutivo aumente las partidas de dinero que destina a los comedores comunitarios.

Demanda alimentaria viene en picada

Molinos Río de la Plata, la principal fabricante de alimentos de Argentina advirtió desde 2016 una sostenida caída en la demanda de alimentos, a consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo. En la empresa controlada por la familia Pérez Companc precisan que, de acuerdo con las mediciones de las consultoras privadas del rubro y estimaciones de las propias compañías del sector, las bajas oscilan entre tres y cinco puntos en unidades y aseguran que una caída de esta magnitud es especialmente preocupante en un negocio de baja elasticidad como el de los alimentos.

El diario argentino La Opinión destacó el fuerte aumento del 40% en los precios de la leche, uno de los rubos más sensibles, especialmente para las embarazadas y la población infantil. La opinión advirtió sobre un posible retorno a los niveles de consumo más bajos desde la crisis de 2001 en algunos segmentos del sector. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) situó en el 26,7% la tasa de inflación de los alimentos durante el año pasado y los lácteos solo fueron superados en este apartado por los aceites. Solo el precio de la leche entera subió un 36,5% durante ese período. De acuerdo con los últimos datos oficiales del Ministerio de Agroindustria, el consumo de leche por habitante descendió un 9,2% el año pasado frente a 2015, hasta llegar a 40,1 litros, la cifra más reducida desde 2003 y especialmente significativa en uno de los países de la región que más consume este tipo de productos.

Igualmente, la demanda de leche en polvo se derrumbó un 45,2% hasta suponer un consumo anual por habitante de 1,6 kilos, la marca más baja en lo que va de siglo. Lejos de recuperarse en el inicio de 2017, el consumo de este tipo de productos también registró un descenso importante en el primer trimestre, señala el diario.

Las demandas de emergencia social en Argentina fueron enarboladas por la lideresa popular Milagro Sala, hoy convertida en el símbolo de las protestas. La activista defiende los derechos de las clases oprimidas en la provincia de Jujuy, sumida en un régimen casi feudal. El gobierno local decidió encarcelarla a principios de este año, en un acto calificado de ilegítimo por la mayoría de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Incluso juristas conservadores señalan que primero ocurrió la aprehensión y luego se buscó el motivo para encerrarla.

“Acá adentro, en Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Milagro Sala, que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas”, respondió el presidente Mauricio Macri a la prensa en 2016, cuando se le preguntó si su Gobierno accedería a liberar a la dirigente social encarcelada en la provincia de Jujuy, tal como le había reclamado un día antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

T/ Raúl Pineda
F/ Archivo CO
Buenos Aires