El Palacio de Hacienda de Argentina denunció este viernes, a través de un comunicado, que el juez estadounidense Thomas Griessa «mantiene su insólita posición de impedir el cobro del dinero que Argentina pagó a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010» de la deuda soberana de la nación suramericana, con el único propósito de forzarla a pagarle a los fondos buitres, que pretenden alcanzar ganancias de 1.600%.
Luego de haber asistido a una nueva audiencia convocada por Griesa, el gobierno argentino informó que se sigue «sin dar resolución a ninguna de las cuestiones pendientes» por lo que «los recursos, que son propiedad de los bonistas continúan congelados en la cuenta» del Banco de Nueva York, cita el texto.
Ante la situación, que sigue vulnerando la soberanía de Argentina y atenta contra el 92% de los tenedores de deuda que aceptaron el canje, los bonistas afectados iniciaron un reclamos al juez y emprendieron acciones legales contra el citado banco, «puesto que el dinero acreditado en sus cuentas es de propiedad de los acreedores».
En documento, Argentina expresa que «más allá de las nuevas presiones y contradicciones en las que incurrió el Juez, el Estado sostiene su posición y continúa trabajando para generar condiciones justas, equitativas, legales y sustentables para honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores».
El país suramericano cumplió el pasado 27 de junio con el pago a los tenedores que aceptaron la reestructuración de la deuda, cumpliendo de esta manera el compromiso que mantiene con sus acreedores, «tal y como lo viene haciendo ininterrumpidamente desde el año 2005».
Por su parte, el Estado Argentino presentó este jueves una demanda contra el gobierno de Estados Unidos ante la Corte Judicial Internacional de La Haya, por violar la soberanía de la nación con las decisiones judiciales parcializadas a favor de los bonistas que no aceptaron la reestructuración de la deuda.
Al respecto, la presidenta Cristina Fernández fustigó el pasado jueves las resoluciones de Griessa, quien «quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país». Además, cuestionó que se pusiera «en un limbo jurídico los 539 millones de dólares que ya no son de la Argentina sino que pertenecen a los tenedores» de la deuda reestructurada, reseñó la agencia Télam.
Esta demanda se suma a una investigación que inició la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina, con el fin de determinar si el juicio contra el país suramericano es la fachada de una maniobra especulativa por parte de los fondos buitres.