«Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones». Con estas palabras hace 40 años la Argentina ingresaba en el período más oscuro de su historia.
El 24 de marzo de 1976 no fue un día más, a las 2.30 de la madrugada y luego de detener a la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón y trasladarla a Neuquén, la Junta de Comandantes, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, difundía el primer comunicado del Estado Mayor Conjunto.
Aquel miércoles, la voz del locutor Juan Vicente Mentesana resonaba en las radios y por cadena nacional.
Las Fuerzas Armadas derrocaron a «Isabelita», destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales como así también la de los partidos políticos, en síntesis, cerraron las instituciones fundamentales de la democracia.
La Constitución Nacional, la ley fundamental que rige a un país, dejó de estar vigente y las normas fueron establecidas por los militares.
De esta forma, mientras se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de la argentina.
Por ello, miles de trabajadores de fábricas perdieron su trabajo debido a que la industria nacional no podía producir productos a un precio similar o menor a los importados, muchas familias perdían su salario.
Por otra parte, se tomaron distintas medidas financieras y administrativas que hicieron que el Estado iniciara un período de desinversión en salud, educación y vivienda.
A comienzos de 1977, el entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, inició un experimento monetario denominado «la tablita», un sistema de devaluaciones que dio comienzo a la especulación o «bicicleta financiera».
En 1979, el sistema financiero se volvió incontrolable para el gobierno, los precios minoristas subieron un 139 por ciento y el consumo cayó abruptamente.
Otro número que refleja la fuerte caída de la economía del país es que en los siete años de la dictadura se quintuplicó la deuda externa argentina. De 9.738 millones de pesos en 1976, ascendió a 45.069 millones de pesos en 1983.
Treinta mil desaparecidos, cerca de 500 bebés robados, más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio; 649 argentinos muertos en la guerra de Malvinas y 45.087 millones de dólares de deuda externa, son algunos de los números que dejó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en los 2.818 días que duró.
También vale contar a los hoy expresos políticos que lograron salvar sus vidas y se convirtieron en los testigos «clave» para poder reconstruir y ver lo perverso que fue el plan de exterminio del gobierno militar.
Tampoco hay que olvidar a los miles de exiliados en el exterior y también en el «interior», aquellos que se exiliaron «en su barrio o en su ropero», como dice Pino Solanas en el película «El exilio de Gardel».
La dictadura argentina heredó muchos aspectos del nazismo y el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible.
Así se dejó de lado a las minorías, por ejemplo, judíos, descendientes de los pueblos originarios, afroamericanos, homosexuales, ateos, testigos de Jehová, por ejemplo.
Los números fríos de las «víctimas» de la dictadura militar hoy se pueden contrarrestar con las cifras que avalan que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia no se ha detenido: 119 nietos recuperados, más de 200 identificaciones de restos de desaparecidos, 14 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad en curso y 660 represores condenados.
Un número, una abstracción que representa una cantidad o una magnitud, en este caso tiene atrás personas, nombres y apellidos, en definitiva, víctimas, que cada 24 de marzo se visualizan para dejar en claro que «los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla» (Cicerón).