Esta semana el Gobierno Bolivariano realizó un nuevo acto de inutilización de armas de fuego, recuperadas por vía del desarme voluntario y otras por incautación forzosa. Actividad que celebramos, pues significa el esfuerzo por reducir la presencia de estos letales elementos en las calles.
Las armas de fuego, vale recordarlo, representan un grave problema internacional y exigen de los gobiernos del mundo cada vez mayores regulaciones para evitar su distribución y uso indebido, entendiendo que el tráfico de armas es uno de los tres mayores delitos transnacionales, junto al tráfico de drogas y la trata de personas.
Las armas pequeñas y livianas son las más utilizadas y generan efectos de “destrucción masiva” si se toma en cuenta las consecuencias cotidianas que tienen en la población mundial. De acuerdo al Small Arms Survey, todos los años, cerca de 500 mil personas, mueren en el mundo por causa de armas pequeñas. De ese total, 300 mil mueren en conflictos armados y 200 mil son víctimas de homicidios, crímenes, suicidios y accidentes. En otras palabras, una persona muere cada minuto por causa de las armas pequeñas. La mayoría de las víctimas de la violencia es civil, y buena parte son jóvenes, mujeres y niños.
La presencia constante de armas en el mundo ha cambiado la naturaleza de la violencia. Tensiones entre los pueblos escalan en letalidad, y conflictos de apariencia banal culminan en tragedias. Un falso imaginario hace que las armas de fuego sean vistas como “segura protección”, aumentando el riesgo de sus dueños de ser muertos y heridos.
Un gran número de las armas que entran en el mercado ilegal vienen de distribuidores autorizados para el comercio legal. Armas producto de la reventa ilegal, el robo y el desvío de armas del Estado, así como muchas armas recuperadas del crimen, reingresan en el mercado ilegal si no son rápidamente destruidas.
En Venezuela el uso de armas de fuego se extendió desde los años 80 de forma alarmante, incidiendo en los indicadores de homicidios. Las consecuencias pueden ser vistas todos los días en los diarios y en la televisión, donde además los adolescentes y jóvenes son la población que corre el mayor riesgo letal. Por ello, todo esfuerzo gubernamental por inutilizar y destruir armas de fuego será bienvenido y más aún si se inscribe en una política sistemática para evitar el acceso a ellas y la restricción de su uso por parte de la población civil. Cada arma destruida implica una o varias vidas salvadas.