Con los votos de la bancada revolucionaria fue aprobado este martes en la Asamblea Nacional (AN) un acuerdo en solidaridad con el pueblo español ante la aplicación de la llamada “ley mordaza”.
El acuerdo fue presentado por la diputada Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien rechazó el alcance de la ley de seguridad ciudadana y la reforma del código penal que fueron aprobados por el parlamento español con los votos de del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
A juicio de la parlamentaria, con la ley mordaza se conculcan los derechos humanos del pueblo español, ignorándose en su aplicación el derecho a la defensa y al debido proceso.
Manifestó que con la ley el gobierno español “comete falta grave al desconocer los estándares internacionales vigentes, especialmente los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
RETROCESO
Consideró que el instrumento jurídico representa “un retroceso grave en materia de derechos humanos, desarrollada por la humanidad entera”.
Señaló que la llamada ley mordaza fue redactada “a la medida de las necesidades que tiene el gobierno de Rajoy para cercenar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión del descontento del pueblo por las medidas de asfixia a la economía y a la conculcación de los derechos sociales”.
Indicó que la voz de los ciudadanos es criminalizada y censurada, y “a todas luces la ley contraviene los derechos conquistados por hombres y mujeres a la largo cientos de años”. La calificó como una “aberración jurídica”.
Dijo que el objetivo es “criminalizar la protesta y la pobreza” y que incluso se establecen restricciones “desproporcionadas y excesivas” al derecho a la reunión pacífica.
Díaz explicó que con la ley mordaza “se busca censurar y esconder a los ojos y oídos del mundo la terrible situación social de España, para que no se vez el descontento del pueblo por los recortes sociales”.
En la referida ley se sanciona hasta con 600 mil euros a las personas que participen en manifestaciones o reuniones no comunicadas en instalaciones que prestan servicios para la comunidad. Además, se establece un registro central de infractores.
También se restringe la actividad informativa en cuanto al uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad.
Se penaliza la actuación de los ciudadanos que dificulten las operaciones de desahucio, concentrándose frente a las casas de los afectados. Así como se castiga a quien impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
En la ley de seguridad ciudadana se establecen multas para los manifestantes que se agolpen frente al congreso, el senado y los parlamentos autonómicos, aún cuando las autoridades no estén reunidas.
Entre las faltas graves que contempla la nueva ley está la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes.
Además, podrán recibir multas quienes no colaboren con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
La nueva ley considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin autorización, cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
RESTRICCIONES DESPROPORCIONADAS
La diputada Díaz manifestó que con la ley el imperialismo financiero intenta ocultar lo que ocurre en España “y por eso el pueblo español se encuentra manifestando en las calles. La juventud le ha dicho no a las imposiciones, están desafiando esta barbaridad”.
Dijo que mientras en España “crece el hambre y la pobreza”, en Venezuela se combate al mismo enemigo representado por el capitalismo.
Aseguró que el gobierno revolucionario garantiza los derechos básicos de la población, “pero en España se salva a los bancos”.
En el acuerdo se señala que la aplicación de las leyes significa “una restricción desproporcionada e ilegal de las legítimas expresiones populares en rechazo de las medidas económicas neoliberales”.
Además, se condena igualmente el uso de la fuerza para aplacar el descontento social “ante la grave disminución de garantías sociales”.
En el texto “se alerta a todos los gobiernos y pueblos del mundo sobre el terrible precedente que significa la sanción de este instrumento jurídico que viabiliza métodos retrógrados de coerción y miedo para imponer recetas que favorecen a los grandes capitales, a costa de la asfixia económica de los pueblos”.
En el documento se indica que la Asamblea Nacional iniciará un proceso de acompañamiento al pueblo español en su lucha contra la ley mordaza en las instancias internacionales y grupos de amistad parlamentarios.
DEBATE
Cuando el proyecto de acuerdo fue presentado a consideración de la plenaria, el diputado opositor Biagio Pilieri manifestó que la oposición aceptaba el debate porque siempre había defendido “los derechos fundamentales como la libertad de información y de expresión”.
Aseguró que lo que ocurría en España, en cuanto a la vulneración de los derechos, podría suceder en cualquier parte del mundo “incluyendo a Venezuela”. Pero propuso que en la Asamblea Nacional también se debatiera sobre la escasez, el alto de la vida, la inseguridad y “los malos servicios públicos”.
Declaró que la oposición rechazaba la vulneración de los derechos, no obstante, no votó a favor del acuerdo: “Rechazamos cualquier mordaza y censura en España”.
En su intervención, Pilieri pidió a la bancada bolivariana que dejara de lado “la doble moral y el doble discurso” porque en Venezuela se han aprobado leyes que al parecer criminalizan la libertad de expresión.
“En Venezuela también tenemos nuestras propias leyes mordaza, aprobadas por el oficialismo”, apuntó.
Comentó que a los diputados opositores supuestamente no se les permite que intervengan en los debates “en igualdad de condiciones”, y que en los medios públicos como ANTV y VTV se les censura.
El diputado chavista William Ojeda opinó que la ley sancionada por el parlamento español representaba “un rezago del franquismo” y que era una expresión del fascismo.
Expresó que la “envilecida ultraderecha” pretende callar “la preocupación del humilde pueblo español”.
Mientras que el diputado opositor Juan Carlos Soteldo consideró que en nuestro país el Estado presuntamente cercena la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo “cerrando televisoras y emisoras de radio, golpeando a columnistas”.
Por eso pidió a la bancada revolucionaria “coherencia y moral”.
En la discusión intervino la diputada pesuvista Blanca Eekout, quien calificó la ley española como “fascista y franquista” que pretende “criminalizar la pobreza”.
Dijo que el propósito de la normativa es “eliminar definitivamente la democracia” en España.