La aplicación de las medidas para el control de armas de fuego debe darse en conjunto entre los organismos del Estado que tienen responsabilidad en la materia, con los sectores privados de la sociedad para que cumpla con los efectos deseados, manifestó este lunes Pablo Fernández, Secretario Técnico de la Comisión Presidencial sobre control de armas, Municiones y Desarmes.
Durante una entrevista en el programa ‘Toda Venezuela’, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), manifestó que es necesario sumar y articular esfuerzos para que ambos sectores asuman responsabilidades, ya que es imposible la presencia física de policías en cada autobús que circula por el país, o la instalación de detectores de metales en cada unidad.
Fernández informó que la semana pasada, durante la reunión efectuada con los transportistas privados, se les pidió contribuir para generar seguridad en los automotores públicos. Ello incluye el control en los terminales, así como mecanismos de control en los transportes de larga distancia, evitando por ejemplo recoger pasajeros fuera de los terminales autorizados, y no permitir el acceso de los vendedores ambulantes en cualquier lugar.
«A los organismos del Estado, les corresponde el fortalecimiento de la seguridad en los terminales, los controles en las camionetas (autobuses) y sistemas de transporte masivo como el metro y ferrocarril», aseveró.
Fernández refirió que desde el plan Dibise se están articulando iniciativas con las policías estadales y municipales, así como también la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para que se logren conjugar la fuerza operativa a fin de implementar las medidas adecuadamente.
ESTUDIOS DE LA COMISIÓN DARÁN NORMATIVAS
El integrante de la Comisión Presidencial recordó que se trabaja en conjunto con otra instancia similar de la Asamblea Nacional en una ley de Desarme que aborde en conjunto la inseguridad, a través de una serie de medidas que se van a plasmar en resoluciones o incluso en un decreto presidencial, definiendo parámetros muchos más estrictos en esta materia.
«Todos sabemos que, lamentablemente, la violencia con armas de fuego produce víctimas, produce dolor y consecuencias que afectan incluso las posibilidades de desarrollo del país», afirmó Fernández.
Añadió que en Venezuela no hay una cifra definida de armas de fuego, por lo que este dato saldrá de los estudios que la Comisión está realizando. «Sabemos que es un número significativo, porque el acceso a las armas y municiones es fácil. Ese es uno de los problemas que se abordará también con mucha precisión», reiteró.
Finalmente, Fernández manifestó que esos estudios permitirán darle un piso científico y sólido a la construcción de una política pública, a fin de ir restringiendo la presencia de «elementos de muerte» en las calles y las ciudades del país. «La medida va a abarcar a cualquier persona que porte armas, sea este con porte legal o de manera ilegal», concluyó.