A medida que sindicatos y especialistas analizan en detalle un proyecto presentado por el Gobierno chileno sobre modernización laboral, aumentan las críticas y suspicacias acerca de su real significación.
El denominado proyecto de Ley de Modernización Laboral y Flexibilidad fue presentado por el presidente Sebastián Piñera el 2 de mayo, con una serie de propuestas, entre las cuales el gancho publicitario es la posibilidad de que la jornada de trabajo pueda reducirse a cuatro días a la semana.
Ello mediante un acuerdo entre empleados y empleadores, aunque esto no implicaría una reducción de las horas de trabajo, sino una redistribución del tiempo de manera tal que habría que laborar 12 horas diarias para poder disfrutar de un día más de asueto.
Al analizar el texto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) consideró que tal disposición resulta engañosa porque «no entrega un minuto más de descanso» y no libera la jornada laboral para que las familias dispongan de más tiempo, como reza la propaganda del Gobierno.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, advirtió también que se plantea un incremento de los días de vacaciones pero como compensación por la realización de horas extra, con lo cual tampoco se están ganando más días de descanso realmente.
Recordó que una de las promesas de campaña de Sebastián Piñera fue aumentar de 15 a 20 los días de vacaciones anuales, pero en ningún momento dijo que eso sería a costa de horas extra.
Asimismo, el proyecto de modernización laboral fue calificado como «contrario a la familia» por la diputada comunista Camila Vallejo, quien figura entre los promotores de otra iniciativa que sí propone la reducción de las horas de trabajo semanales de 45 a 40 horas.
La Fundación Instituto de Estudios Laborales va más allá y alerta que en su conjunto la iniciativa del gobierno elimina prácticamente todas las regulaciones actuales sobre trabajo y descanso, generando un sistema absolutamente descontrolado y con amplias opciones de usar y abusar de la disposición de los trabajadores por los empleadores.
El texto también pretende reemplazar las vacaciones familiares por trabajo a distancia, permitir el pacto individual de jornadas excepcionales sin revisión y control de la dirección del trabajo, y consagrar una bolsa de horas extra para ampliar su uso diario.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz, dijo: «Nos siguen vendiendo la ilusión de que es posible a los trabajadores lograr buenas condiciones de adaptabilidad o flexibilidad, en una relación asimétrica entre el poder del empleador y las condiciones de necesidad de una persona de acceder a un empleo».
El controvertido proyecto, que deberá ser entregado esta semana al Congreso para cursar por el trámite legislativo, promete abrir otro frente más entre Gobierno y oposición, que ya se enfrentan en lo relativo a una reforma previsional y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, entre otros asuntos.