La lucha contra la corrupción es sin duda alguna el tema del mes pero mientras tomó cuerpo, la Asamblea Nacional sancionó tres leyes que vienen a consolidar el nuevo Estado y la concepción de derechos humanos que la Revolución Bolivariana ha hecho suya.
Hablemos de ellas en el orden en que fueron sancionadas, así tenemos en primer lugar la Ley Orgánica de Cultura que nace sobre la idea de que la cultura está conformada por todas las manifestaciones del pueblo y que debe ser acercada a las comunidades.
De este modo, se establece un cambio de paradigma, el pueblo no va a la cultura sino que el pueblo es la cultura y que de ejercicio de minorías, el contacto, la formación y la difusión del arte es deber del Estado. Abriendo un marco normativo de donde se podrán sujetar los cultores, los artistas, los artesanos y los cantores para reivindicar su ejercicio, la protección que merecen sobre sus obras (derechos de autor y sus regalías) y sobre su actividad (reivindicaciones laborales y sociales en los términos de la Lottt).
Como segundo instrumento legal se encuentra la Ley de Infogobierno, que siguiendo los lineamientos del Plan de la Patria 2013-2019 busca impulsar las nuevas tecnologías en la acción de Gobierno, de modo que existan menos “papeleos” y que la Administración Pública pase de ser una estructura burocrática a ser el principal garante de los derechos. No agotándose allí, se incorporan nociones para favorecer que el Software Libre termine de desplazar los sistemas operativos pagos que sustentan la dependencia tecnológica y nos someten a importantes amenazas de injerencias y saboteos.
Siendo la tercera y mas reciente norma sancionada el Código Orgánico Penitenciario escrito con la convicción de que parar mejorar la situación carcelaria hacía falta una norma recogiera los anhelos de la sociedad.
Así, entiende a quienes están bajo medidas privativas de libertad como personas, a las que hay que tratar con toda la severidad pero que el trato que reciban ha de respetar su dignidad; que tienen derecho a comunicarse pero que esto debe ser compatible con el orden y la seguridad pública; que debe utilizarse toda la tecnología disponible y aquella que surja, de modo a hacer cada vez menos invasivos los controles de quienes visitan los penales, y, que la reclusión es un tiempo para -desde el trabajo y el estudio- que puedan transformarse en sujetos que colaboren en la construcción del país que queremos.
Lo cual nos pone en manifiesto un bonito esfuerzo por parte de la Asamblea Nacional que supo cerrar su primer periodo ordinario con un balance positivo. ¿Qué esperar para el Segundo Periodo? Tomando en cuenta las propuestas que ya fueron objeto de Primera Discusión, vemos que la agenda sigue repleta y le tocará ahora legislar sobre derechos de la mujer y seguridad territorial del Estado.