Un total de 400 trabajadores que fueron transferidos entre 2008 y 2009 al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) exigirán a la Gobernación de Miranda, dependencia en la que laboraban, la cancelación de las deudas que el Ejecutivo Estadal mantiene con ellos desde esa fecha.
La transferencia fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.072, del 3 de diciembre de 2008, mediante el decreto No. 6.543 de la Presidencia de la República.
De acuerdo con este decreto, la Gobernación de Miranda contaba con 10 días a partir de la publicación de este dictamen para transferir los recursos para el pago las obligaciones legales contraídas con el personal a través de contratos colectivos, por ejemplo, o producto de reclamos legales.
«De no materializarse la referida transferencia presupuestaria al Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda pagará las obligaciones legales o contractuales causadas y aún no pagadas identificadas anteriormente en su totalidad», refiere el decreto.
El presidente del Sindicato Regional de Trabajadores de la Salud Miranda (Sirtrasalud), William Ramírez, aseguró durante una reunión realizada ayer en el anexo del Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, estado Miranda, que desde finales de 2008 la Gobernación, a cargo de Henrique Capriles, transfirió a los empleados sin pagarles el dinero que adeudaban.
«La Gobernación aduce que en vista de que fueron transferidos por el Ministerio de Salud debe asumir toda la deuda, cuando la gran mayoría de los empleados trabajaron la mayor parte del tiempo en gobernación, y algunos cumplían con los requisitos para jubilarse».
Durante la reunión se establecieron comisiones, designada por los trabajadores, para revisar las nóminas y la situación de los empleados. Tienen previsto instalar mesas de conciliación en la Asamblea Nacional con la Comisión de Bienestar Social, quien será árbitro para dialogar con Gobernación de Miranda y el ministro.
La comisión debe revisar todo el listado de los transferidos entre personal fijo, contratado, jubilado y personal obrero y administrativo. «De los 400 transferidos, 140 son trabajadores activos que no fueron trasladados en enero, sino en el segundo lote, en el mes de julio de 2009, por lo que la gobernación debe cinco meses de sueldo, cesta ticket y bono vacacional», comentó.
Ramírez explicó que la comisión también tendrá la tarea de discutir con los legisladores regionales sobre los recursos financieros que recibió la Gobernación para cancelar la deuda de pasivos.
«La gobernación debe asumir la deuda, Capriles nunca transfirió el dinero de los pasivos laborales, sólo transfirió al recurso humano y se quedó con el dinero. La gente cumplió el requisito de trabajar por un lapso de tiempo para salir jubilados, nosotros tenemos en nuestras manos el soporte de que el Gobierno Central ha transferido el dinero a la Gobernación para el pago de pasivos, de hecho ya existen dos órdenes de pago», aseguró.