El Senado argentino aprobará este miércoles el proyecto de ley para pagar a los fondos buitre promovido por el presidente Mauricio Macri, para el cual prevé endeudar al país en 12 mil 500 millones de dólares.
La convocatoria iniciará con el tratamiento de la autorización para que el presidente Macri pueda salir del país, un homenaje a Raúl Alfonsín por el aniversario de su muerte y el proyecto del Ejecutivo y su respectivo proceso de votación.
La iniciativa del Gobierno argentino contempla la derogación de la ley cerrojo, que impide abrir nuevas negociaciones, y la ley de pago soberano, sancionada para esquivar el fallo del juez Thomas Griesa, que prohibía el pago a los bonistas que sí entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010. Además, le permite al gobierno endeudarse para poder pagarle a los fondos buitre.
Griesa prometió levantar la prohibición al pago a través de bancos norteamericanos, como está estipulado al resto de los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, y que constituyen el 93 por ciento de todos los tenedores de bonos.
Con ese desbloqueo, el gobierno argentino espera que se le abran las puertas para pedir más préstamos en el mercado de capitales y aumentar la inversión extranjera en la nación.
Argentina dispone de plazo hasta el 14 de abril para pagar a los denominados fondos buitre, pero no se descarta que los acreedores acepten prorrogar la fecha, a un alto costo financiero para el país sudamericano.
El analista político Miguel Jorquera considera que de concretarse la aprobación, el Ejecutivo de Macri triunfará sobre un Congreso donde no tiene mayoría propia, pero en el que logró alianzas con «opositores dialoguistas» y fracturar a la principal fuerza de oposición, el FpV.
Entre 2011 y 2012 los fondos buitre, conformados por diferentes acreedores extranjeros, reclamaron el pago de la deuda de mil 300 millones de dólares, es decir, el 100 por ciento de la misma adquirida por Argentina, además, de la cancelación de intereses, hecho que avaló el juez de Nueva York, Thomas Griesa.
Argentina nunca se negó a cancelar la deuda, sin embargo, apeló la decisión del Tribunal estadounidense para buscar la reestructuración de los pagos.
En 2014, bajo el mandato de Cristina Fernández logró revertirse la decisión de Griesa y congeló el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda, aunque se mantiene el litigio entre los acreedores y el país suramericano.
Tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015 se dio a conocer la renegociación con los fondos buitre, pero éste admitió que las reuniones con los acreedores buscaban el default en Argentina y que no iban «tan bien» como se esperaba.