Comisiones del Senado aprobaron esta mañana un dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada de personas, desaparición involuntaria y desplazamiento de personas.
Las comisiones unidas de puntos constitucionales, de justicia, de estudios legislativos primera y segunda aprobaron la reforma a la Carta Magna para que las cámaras de diputados y senadores puedan legislar en esta materia.
La senadora Dolores Padierna manifestó que este es uno de los grandes temas pendientes. No sólo se faculta al Congreso para legislar en la materia sino también se obliga al Estado a proteger a los ciudadanos. «Este es un gran avance y tiene que ser valorado en ese sentido. Hay una obligación internacional a los estados».
Refirió que en México el problema de la tortura se agrava. La CNDH, dijo, informó que en 2014 se tuvieron mil 505 quejas de tortura que representan un 600 por ciento de incremento con relación a 2003, cuando sólo hubo 219 casos. De igual forma refirió que Amnistía Internacional señala que el 64 por ciento de los mexicanos tiene miedo a que cuando se detenga se le torture.
A su vez, el senador Alejandro Encinas manifestó que esta reforma implica que el Estado asumirá su responsabilidad. “Muchos de nosotros nos iniciamos en la lucha política por la presentación con vida de los desaparecidos”. Refirió el caso de la década de los 70, los desaparecidos de la guerra sucia, un asunto que no se resolvió y ahora con esta ley se va a poder dar respuesta a la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Por su parte, la senadora panista Pilar Ortega, dijo que va a ser muy importante que el Congreso pueda legislar sobre la desaparición forzada y la tortura. “Hay que reflexionar sobre estos temas en donde organismos internacionales han instado al gobierno mexicano a designar para resolver los problemas en al materia”.
La senadora priísta Mariela Quiroga dijo que nadie puede estar en contra de estas iniciativas, ya que se faculta al Congreso a legislar en materia de tortura, desaparición forzada y desapariciones involuntarias y los gobiernos federal y estatal deberán asumir su responsabilidad.
Este jueves la iniciativa subirá al pleno la reforma para su discusión y aprobación.