Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, sostuvo que el sistema judicial venezolano no es independiente, “con la mayoría de los jueces provisorios de libre nombramiento y de libre remoción y por tanto sujetos a presiones externas”.
Aseveró que este diagnóstico lo han hecho organismos y tribunales internacionales, como las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Deploró que el Tribunal Supremo de Justicia cuente con una comisión “que nombra y remueve discrecionalmente a los jueces”, excluyéndoloes “de la estabilidad judicial que decretó el código de ética del juez y jueza venezolanos”.
Esta situación, según Ayala Corao, provoca impunidad y “una falta de justicia frente al delito que acecha a la sociedad venezolana”.
De acuerdo con su análisis, hay “cifras groseras” de impunidad en los delitos contra los derechos humanos, superiores al 98%.
Ayala Corao lamentó una supuesta “instrumentalización” de la justicia para la persecución con fines políticos.
EVALUACIÓN
En un foro organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (a cargo del activista Humberto Prado), denominado Juicio a la justicia, Mariana Romero, del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, explicó que la institucionalidad implica la convergencia de valores, de soberanía popular, pluralismo político y respeto de los derechos humanos.
Pero en el caso de Venezuela, están condiciones han ido “degradándose”. En su opinión, los funcionarios han impedido la separación de los poderes “y un libre desenvolvimiento de las instituciones de justicia”.
Mientras que Daniela Guerra, directora de la Comisión para los Derechos Humanos en el estado Zulia, se refirió a los pueblos indígenas y dijo que con la Constitución de 1999 se reconocen los derechos de esta población.
No obstante, indicó que apenas el 12% del territorio que habitan ha sido demarcado, con lo que se desconoce el derecho de propiedad de la tierra.
Dijo que los pueblos indígenas han denunciado que el Estado ha incrementado la extracción de recursos naturales.
“Ha aumentado la violencia contra estos pueblos. El comité de derechos humanos de la Goajira denunció que desde 2010 con la instauración del distrito militar, han ocurrido 18 homicidios por parte de las autoridades venezolanas, dos de los cuales se han producido en los estados de excepción”, narró.
Sobre la medida de estado de excepción deploró que no fue consultada con los indígenas.
En su opinión, el tema de los derechos de los pueblos indígenas ha tenido un tinte político, ignorándose sus necesidades.
A criterio de Lexis Rendón, del Laboratorio de Paz, el Estado venezolano ha emprendido una campaña de difamación, de intimidación y criminalización contra los defensores de derechos humanos.
Según Rendón, la fiscalía ha desestimado las denuncias sobre agresiones a defensores y no ha aplicado “correctamente las medidas cautelares” para proteger la vida de estos activistas.