Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó de caso paradigmático la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
La desaparición de esos jóvenes, dijo, muestra la gravedad de ese problema en México y los retos que enfrenta el Gobierno de ese país para atender las violaciones a las garantías fundamentales.
La funcionaria de la ONU consideró que llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano y una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial bastante degradado.
Bachelet firmó este lunes un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el que la representación de la ONU-DDHH en México brindará asesoría y asistencia técnica en la investigación del caso Ayotzinapa.
La alta comisionada dijo que el objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala.
Una comisión de los padres de los normalistas y los representantes de las organizaciones que los han acompañado en más de cuatro años y medio de lucha por la justicia y la verdad, fueron testigos del acuerdo rubricado.
Bachelet reconoció la voluntad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador -con quien se reunirá en su último día de visita a México- para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República.
Por su parte, el canciller Ebrard subrayó que el caso que estimuló esta forma de acuerdo «es la principal preocupación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la inmensa trascendencia y los significados que tiene para la vida pública Mexicana. Si hablamos de un nuevo régimen, más que en reformas legales y constitucionales estamos pensando en la verdad y la justicia».
Subrayó que es muy relevante para el Gobierno federal que la ONU-DDHH respalde este proceso, pero a la vez exija que éste se lleve con base en las más altas normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.