La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ofreció este martes 10 de marzo la actualización de su informe sobre la República Bolivariana de Venezuela, donde reconoce el impacto negativo de las sanciones económicas y financieras del Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano, que ha sido perjudicado en materia de salud y alimentación.
«Permítanme hacer un comentario especial, como mujer, como mamá y como pediatra: sigue siendo urgente atender la situación de las niñas venezolanas y los niños venezolanos con necesidades de trasplante. Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis aún están pendiente de ser atendidos en Argentina y algunos, lamentablemente, fallecieron esperando el trasplante. Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos», ratificó Bachelet desde la sede del Consejo de Derechos Humanos.
La alta comisionada expresó, en ese sentido, que las medidas unilaterales y coercitivas de la Administración Trump «disminuyen recursos del Gobierno (venezolano) destinados a lo social».
«Preocupan imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la línea aérea Conviasa, así como las sanciones a la industria petrolera, disminuyendo los recursos del Gobierno destinados a lo social», admitió.
Desde el año 2014, durante la administración de Barack Obama, los poderes fácticos internacionales han adoptado más de 300 medidas coercitivas unilaterales desde los Estados Unidos para afectar el funcionamiento de la economía y menoscabar los Derechos Humanos del pueblo venezolano. En este contexto, se ha generado una abrupta disminución del ingreso petrolero nacional de Venezuela, que ha pasado de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013 a cuatro mil millones en 2018.
MESA DE DIÁLOGO
Igualmente, la alta comisionada confió en el diálogo político que se desarrolla en Venezuela entre dirigentes políticos de la oposición y miembros del Gobierno Bolivariano, para garantizar elecciones parlamentarias en 2020, así como para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
EMBAJADOR DE VENEZUEL ANTE LA ONU
AFIRMA QUE EL INFORME CARECE DE BALANCE
Sin embargo, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, quien también estuvo presente en la referida audiencia, manifestó que la actualización sobre el informe de Venezuela sobre una serie de supuestas violaciones a los DDHH, no presenta detalles ni investigación rigurosa en su mayoría.
Sobre las puestas alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes a políticos presos en las sedes de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, el diplomático venezolano señaló: «Lamentamos que su presentación carezca del balance necesario, pues observa fallas metodológicas y utiliza información sesgada que puede alimentar la campaña mediática contra Venezuela».
Valero criticó, en ese sentido, que los países que promueven el informe contra Venezuela (pertenecientes al Grupo de Lima) no observen la situación sobre los derechos humanos en sus propios territorios.
Por último, Valero precisó que con mentiras y medias verdades «se pretende imponer un infructuoso mecanismo de monitoreo, cuya implementación cuesta más de dos millones y medio de dólares, para elaborar un informe plagado de mentiras».
T/Luis Lovera Calanche