Aunque la bancada opositora votó a favor del acuerdo para respaldar las gestiones del presidente Nicolás Maduro en la controversia territorial con Guyana, planteó que en el documento se incluyera la propuesta de que el Gobierno designe un negociador a tiempo completo, bajo la figura de ministro de Estado.
Los planteamientos no fueron sometidos a votación. El diputado opositor Alfonso Marquina también sugirió que en el acuerdo el Parlamento se declarara en emergencia para aprobar “cualquier solicitud de crédito adicional para que la Armada amplíe el patrullaje preventivo en la zona económica exclusiva de Venezuela”.
Asimismo, la oposición propuso la creación de una comisión integrada por expertos para la definición de una política de Estado, en torno a la reclamación del Esequibo.
También planteó sanciones a las empresas concesionarias “que ilegalmente explotan los recursos naturales en el territorio Esequibo, y que se prohíba expresamente que puedan venir a hacer negocios con el Estado venezolano”.
Según Marquina, el debate de este martes tuvo un “tinte electoral” y subrayó que no hay “un solo venezolano que no esté convencido de que el Esequibo le pertenece a Venezuela y que hay que unirse para defenderlo”.
El diputado manifestó que en el acuerdo se pretendió desconocer al verdadero agresor de nuestro país: “Tenemos que definir claramente que el agresor es el estado Guyana”, por lo cual, dijo que la vía de reclamación debía hacerse a través de las normas jurídicas y la diplomacia.
Mientras que el diputado opositor William Dávila refirió que la defensa del Esequibo fue una política del expresidente Rómulo Betancourt, seguida por Raúl Leoni.
Alertó sobre los intereses que manejan no solo la Exxon Mobil, sino también “empresas chinas” en la zona del Esequibo.
A su juicio, el “silencio” de la diplomacia venezolana avivó las pretensiones guyanesas. En tal sentido, comentó que el gobierno no actuó cuando en el año 2011 Guyana solicitó ante la ONU una extensión de su plataforma continental de 200 millas náuticas a 350.
A su vez, Andrés Velásquez (Causa R-Bolívar) manifestó que la controversia era un asunto de Estado “que involucra a todo el país”.
En su opinión, el Gobierno ha mantenido una “política exterior permisiva, complaciente, sustentada en acuerdos comerciales con el propósito de lograr apoyo políticos”. Por lo que a su juicio, el Gobierno no ha fijado posición con respecto a las pretensiones guyanesas.
Velásquez propuso que se realizara “un acto soberano nacional” y que se discutiera un proyecto de ley para la defensa y desarrollo de la fachada atlántica” entregado hace varios meses por la oposición.
Anunció que la bancada opositora entregara un proyecto de ley para la creación del estado del Esequibo, “al cual tenemos derecho y es una legítima aspiración del pueblo de Venezuela”.
Mientras que Leomagno Flores (AD-Táchira) expresó que debía pedirse la salida de la Exxon Mobil “y de todas las empresas” que mantienen concesiones en el Esequibo”.
Dijo que para tomar esta acción “no se necesita ir a la guerra”.
Según Flores, “este gobierno le dio permiso a Guyana para las concesiones” cuando el presidente Chávez manifestó “que debíamos dejar en paz el diferendo territorial”.