Como parte del proceso de atención y reparación a las víctimas, la Comisión de la Verdad solicitó a la Fiscalía General de la República la designación de fiscales especiales para atender estos casos
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Muchas de las personas involucradas en los delitos de violencia política se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica, “se les pago para que generaran violencia con un fin político, la desestabilización de la República”, para lograr crear un escenario en Venezuela que justificara la intervención internacional.
El planteamiento lo hizo ayer la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, en la sesión ordinaria donde presentó un informe de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública sobre el avance en el otorgamiento de beneficios a procesados por los hechos de violencia política ocurridos en el país en los años 2002, 2013, 2014 y 2017, en el marco del proceso de reconciliación y pacificación nacional impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Rodríguez, en su condición de presidenta de la Comisión de la Verdad, destacó que las medidas están dirigidas a preservar, prevenir y garantizar que hechos de violencia política no vuelvan a ocurrir, que “no vuelva Venezuela más nunca, jamás, a vivir episodios de violencia para la desestabilización contra el orden constitucional, la paz de la República, que busca comprometer el proceso de independencia nacional”.
La citada comisión, aseveró, ha entrevistado a 681 víctimas, a victimarios y a presuntos victimarios, y dispone de grabaciones con testimonios que dan cuenta de cómo las personas, jóvenes y menores de edad, fueron utilizadas para la violencia con fines políticos. «Son testimonios muy crudos, pero es la realidad y la verdad», agregó.
Precisó que el 95 por ciento de las 80 personas que recibieron beneficios procesales no habían sido condenadas, sino que estaban siendo procesadas. Del total de beneficiarios, 20 por ciento son mujeres y el 80 por ciento son hombres.
Rodríguez reiteró que del proceso para otorgar beneficios procesales fueron excluidas aquellas personas juzgadas por homicidio o agresiones graves contra la integridad física, así como agentes del Estado que presuntamente violaron derechos humanos.
SOLICITAN DESIGNACIÓN DE FISCALES ESPECIALES
En el marco del proceso de atención y reparación a las víctimas, la comisión solicitó a la Fiscalía General de la República la designación de fiscales especiales para la atención de las víctimas y los casos vinculados con hechos de violencia política.
En esa dirección, planteó la necesidad de coordinar esfuerzos para resolver casos como el del expresidente del Concejo Municipal de Libertador, Eliezer Otaiza Castillo. «Es un caso pendiente de la justicia venezolana y se debe llegar a los responsables del asesinato de nuestro hermano Otaiza», enfatizó.
También indicó que sobre el caso del asesinato del periodista Ricardo Durán se han avanzado las investigaciones para dar con los responsables del hecho.
COMITÉ DE VÍCTIMAS RATIFICA SU APOYO
Por su parte, Maite Gracía, integrante del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, manifestó: «Respaldamos, apoyamos y confiamos profundamente en el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y en su firme y sabia decisión de avanzar en un proceso que permita consolidar la paz, el reencuentro y el perdón en nuestro país al otorgar las medidas y beneficios a quienes utilizaron la violencia como una herramienta política».