En el caso de Brasil, la situación con las bandas paramilitares, que además de cumplir actividades criminales ejercen funciones de coerción política, no es tan difundido como lo que ha ocurrido y ocurre en Colombia, no obstante es una realidad vigente en un país gobernado autoritariamente
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No es nuevo en Brasil el funcionamiento de organizaciones criminales que han sustituido el papel del Estado en muchas favelas (barriadas populares) y localidades del país. Se trata de un fenómeno que ha sido persistente durante varias décadas. Lo que se ha acentuado cada vez más durante el Gobierno de Jair Bolsonaro es que estas bandas paramilitares, también llamadas “milicias” por la prensa local, se han convertido en un instrumento de coerción política en contra del pueblo brasileño.
El pasado año, el consorcio mediático O’Globo señalaba que las bandas paramilitares funcionaban en al menos 12 estados del país, contrario a la creencia de que solo estaban focalizadas en la ciudad de Río de Janeiro.
En 2019 varias de las piezas del rompecabezas empezaron a cuadrar luego de la detención del oficial retirado de la policía federal Joao Batista Firmo Ferreira, quien a su vez es tío de Michelle Bolsonaro, la esposa de Jair Bolsonaro.
Con respecto a Flavio Bolsonaro, hijo del Mandatario y actualmente imputado por corrupción por la Fiscalía brasileña, también hay indicios que lo relacionan con las bandas paramilitares y además con su utilización con fines económicos. Según investigaciones realizadas en Brasil, Flavio tenía vinculaciones e incluso rendido dos homenajes al excapitán de la Policía Militar de Río de Janeiro Adriano Magalhães da Nóbrega, uno de las cabecillas de las “milicias” asesinado a comienzos de año.
A pesar de que la actuación de las bandas paramilitares en las barriadas brasileñas no ha tenido tanta difusión como las actividades de los paramilitares en Colombia, es una realidad latente y tal como en la nación neogranadina, en Brasil estos grupos también poseen ramificaciones dentro de la policía federal y la policía militar del gigante suramericano.
Similar a lo que acontece en Colombia, los paramilitares también están involucrados en el negocio con el narcotráfico y han actuado como grupos de exterminio para apoderarse del control del mercado de estupefacientes en barriadas y cárceles del país. Son el “adversario” creado para el control de otras organizaciones criminales menos vinculadas al poder del Estado, como el famoso Comando Vermelho, la red gigante de crimen organizado que funciona a lo largo y ancho del inmenso país.
Bolsonaro, el mitificador de la violencia
Durante su campaña electoral Bolsonaro llegó al extremo (su hábitat natural) de ofrecer “inmunidad” a los policías que matasen a presuntos delincuentes durante su servicio. También es partidario de una conducta ajena a los Estados latinoamericanos de liberar la tenencia y adquisición de armas al estilo de Estados Unidos. Todo ello con la supuesta finalidad de enfrentar al crimen.
El plan del Mandatario no era una simple ocurrencia de última hora para ganar adhesiones usando el tema de la inseguridad. En el año 2003 había sido claro: «Mientras el Estado no tenga el coraje de adoptar la pena de muerte, el crimen de exterminio, a mi entender, será muy bienvenido», decía en referencia a los paramilitares.
En 2007, Flavio Bolsonaro, en su condición de diputado a la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro, había bloqueado la constitución de una comisión parlamentaria que investigara las llamadas milicias y sus vínculos con los cuerpos de seguridad.
En 2008, cuando era diputado del Congreso Federal brasileño, Bolsonaro decía sin tapujos: “Ningún diputado local hace campaña para reducir el poder de fuego de los narcos y la venta de drogas en nuestro Estado. No. Quieren atacar al miliciano, que ahora es un símbolo de la maldad y es peor que los narcos”.
“Existe el miliciano que no tiene nada que ver con el ‘gatonet’ (servicio irregular de televisión por cable) y la venta de gas. Cobra 850 reales (unos 200 euros al cambio de hoy) por mes, el sueldo de un soldado de la policía militar o un bombero, tiene su propia arma y organiza la seguridad en su comunidad. No tiene nada que ver con la explotación de servicios de gas o transporte. No podemos generalizar”, precisaba Bolsonaro en 2008.
Se refería con el asunto de los servicios de gas y transporte a las evidentes extorsiones contra la población que ejecutaban los paramilitares en las barriadas populares. Una oferta de muerte, ellos sustituían al Estado, se convertían en el monopolio del crimen y además usaban los servicios públicos como mecanismo de coerción y control social. Un negocio redondo para la derecha brasileña.
En 2018, ya conocidos ampliamente los desmanes cometidos por las milicias, el entonces candidato presidencial Bolsonaro seguía mitificándolos. En declaraciones a una radio brasileña aseveró: «Hay gente que está a favor de las milicias, es su manera de estar libres de violencia. En las regiones donde se paga a la milicia no hay violencia». No más pruebas señor juez.
Muy cercano a la fecha de los comicios presidenciales ocurrió una operación que culminó con la detención de 40 personas, entre ellos los hermanos gemelos de Valdenice de Oliveira Meliga, también trabajadora del gabinete de Flávio Bolsonaro y quienes formaban parte de la seguridad privada de la campaña electoral del senador.
En 2019, demostró con hechos lo que ofrecía en su discurso: impunidad para los asesinatos extrajudiciales. Otorgó un indulto a policías y militares implicados en «crímenes o excesos culposos».
Ese mismo año, la cifra de personas asesinadas por las fuerzas policiales y militares en Río de Janeiro se incrementó en 30% respecto al año precedente. En total mataron a 2.083 personas. Raro que usted no lo logra ver en ningún informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidos, a pesar de que Bolsonaro es un enemigo convencido del sistema de Naciones Unidas.
Quizás una realidad de Estado paralelo que fue construida desde el comienzo para el amedrentamiento político, un arma más para enfrentar la organización social de las comunidades afines a votar por los partidos de izquierda y donde era mayoritario el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva.
Con el inicio de la pandemia del Covid-19, otro rasgo del Estado paralelo que se visualizó fue la actuación de las bandas paramilitares como “autoridades” para imponer reglas para la cuarentena.
El asesinato de Marielle
El 14 de marzo de 2018 fue asesinada en Río de janeiro la concejal de esa ciudad por el Partido Socialismo y Liberación (PSOL), Marielle Franco, se trataba de una activista por los derechos sociales y de género de las comunidades más pobres de la urbe carioca. Junto a ella fue asesinado también Anderson Gomes, el conductor del vehículo donde se desplazaba.
El crimen de Marielle conmocionó a Brasil y se hizo noticia global. El poder de las policías paralelas parecía estar detrás de todo y así lo señalan diversos indicios. En la Presidencia del país aún estaba Michel Temer, otro político reaccionario.
Uno de los principales sospechosos del crimen de Marielle era Adriano Magalhães da Nóbrega, a quien mencionábamos al comienzo de este texto como vinculado a los Bolsonaro. El personaje que lideraba la llamada “Oficina del Crimen”, una de las bandas paramilitares más poderosas del país y que había advertido antes de ser asesinado que querían eliminarlo para “hacer desaparecer pruebas”.
Dos expolicías militares, Ronnie Lessa, de 48 años, presunto francotirador, y Elcio de Queiroz, de 46 años, presunto conductor del vehículo que persiguió al de Marielle, fueron detenidos. Según la Fiscalía la motivación del crimen fue “ideológica”, es decir, involucraba la aversión hacia la izquierda y los movimientos sociales. No es un detalle judicial menor, en Bolsonaro resalta el discurso de odio en contra de la izquierda, el socialismo, los ambientalistas, los luchadores de la diversidad sexual, todo lo que representaba Marielle como concejal.
Además de ello, surgen detalles y más detalles. El comisario encargado del caso afirmó ante los medios que “una hija del asesino fue novia de uno de los hijos del presidente (Bolsonaro)”. Para que tampoco queden dudas, los cartuchos encontrados en la escena del crimen son los mismos usados por la policía militar brasileña.
Otro detalle, Ronnie Lessa es vecino de la misma urbanización de lujo donde reside Jair Bolsonaro y horas antes del crimen, según un testigo que trabaja como portero del centro residencial, y Elcio de Queiroz el otro detenido por el asesinato, visitó a Lessa horas antes del doble asesinato.
Hay más de que extrañar y no olvidar. Elcio de Queiroz no dudaba en publicar selfies con Jair Bolsonaro antes del crimen de Marielle. Aún el brutal hecho no ha sido resuelto, no se han identificado a los autores intelectuales del doble asesinato.
No es el fin de la historia
En Brasil está prevista la realización de elecciones municipales el 15 de noviembre y más que fantasmas del proceso, los grupos paramilitares se han convertido en actores cada vez más activos en las barriadas populares.
En las áreas bajo su control, los milicianos deciden quiénes pueden hacer campaña y quién no, intimidan a los vecinos para “persuadirlos” a votar por los candidatos apoyados por las bandas, que evidentemente son de los partidos de derecha.
Según un reportaje divulgado por el periodista Eric Nepomuceno, corresponsal en Brasil del diario Página12, el “57,5 por ciento del territorio de la ciudad de Río está bajo control “miliciano”. Eso significa que poco más de la tercera parte de la población – casi 2.200.000 personas – viven en esas zonas. Hay 165 barrios de la región metropolitana que son blancos de disputa entre traficantes y paramilitares. Eso significa otros casi 2.700.000 personas. En Río solamente cinco barrios están libres de milicianos”.
En una entrevista para la cadena rusa RT, el sociólogo José Cláudio Souza Alves, un estudioso del fenómeno de los paramilitares en Brasil, sintetizaba el asunto desde el punto de vista político: «Obligan a los electores a votar a sus candidatos. Se presentan como benefactores de la comunidad. Supuestamente hacen favores y esperan ser compensados con votos. Si no quieres votar, entonces usan la violencia que es su otra forma de coacción».
