La Fiscalía de Brasil denunció al ex comisario Cláudio Antonio Guerra, miembro del Departamento de Orden Público y Social (DOPS) que operó durante la dictadura (1964-1985), por ocultar e incinerar 12 cadáveres durante el régimen militar. Entre los cuerpos calcinados por Guerra estaría el de Fernando Santa Cruz, padre del presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.
Las causas de la muerte del militante de izquierda fueron desmentidas recientemente por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. «Si el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció durante el período militar, yo se lo cuento», afirmó el mandatario, contradiciendo la versión de la Comisión de la Verdad, instaurada para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, y generando el fuerte repudio de distintos sectores.
Según Bolsonaro, Fernando Santa Cruz fue ejecutado por sus propios compañeros de la agrupación de izquierda Acción Popular. La Fiscalía, sin embargo, señaló este jueves que el militante desaparecido estaría entre los 12 cuerpos incinerados entre 1973 y 1975 por el ex comisario, en los hornos de la planta de Cambahyba, perteneciente al estado de Río de Janeiro.
Guerra es considerado «autor intelectual y participante directo en la ocultación y destrucción de por lo menos 12 personas», subrayó el fiscal de la República y autor de la denuncia, Guilherme Garcia Virgílio.
Los responsables de torturas, secuestros y otros delitos durante la dictadura se encuentran amparados por una Ley de Amnistía dictada en 1979, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema cuatro años atrás. Sin embargo, para la Fiscalía, los crímenes cometidos por el ex comisario Guerra no pueden ser encuadrados dentro de dicha legislación, ya que ésta sólo «trata delitos con motivación política». «La destrucción de cadáveres no puede ser admitida como delito de naturaleza política o conexo a éste», agregó la institución.