Mientras lucha por controlar el segundo brote mortal de fiebre amarilla por segundo año consecutivo, el Gobierno de Brasil ha anunciado que vacunará a todos los que no estén ya protegidos. En este país de inmensas dimensiones, eso significa poner la vacuna a 77 millones de personas para finales de 2019.
En muchas zonas de 23 de sus 27 Estados, Brasil ya recomienda vacunas contra la fiebre amarilla. Sin embargo, las autoridades no han podido cumplir con esas recomendaciones y muchas personas siguen desprotegidas.
Pese a que Brasil es uno de los cuatro países productores de la vacuna que la suministra a la Organización Mundial de la Salud, los especialistas sanitarios están preocupados por la capacidad del Gobierno de producir a tiempo todas las vacunas que necesita.
También han surgido dudas por la incapacidad de Brasil de detener la propagación de la enfermedad tras el brote de 2017.
Según Alberto Chebabo, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Clementino Fraga Filho –de la Universidad Federal de Río de Janeiro–, las autoridades no han continuado la movilización inicial para frenar el brote de 2017. «En ese momento no nos pareció necesario vacunar a toda la población», señala.
Otro de los problemas es que la responsabilidad sobre las vacunas está compartida entre los gobiernos locales, estatales y federal, que no siempre se comunican correctamente, señala Alba Ropero, asesora regional de inmunización en la Organización Panamericana de la Salud y en la OMS. Según Ropero, muchos brasileños, la mayoría hombres, son reacios a vacunarse. «Hay una corresponsabilidad en diferentes niveles.»
Transmitida por los mosquitos, la fiebre amarilla puede ser letal entre el 15% y el 50% de los casos. A principios del siglo XX, la enfermedad asolaba las ciudades brasileñas, pero en 1942 Brasil ya había visto su último caso urbano de fiebre amarilla.
Los brotes cíclicos de fiebre amarilla «selvática» – en la que los mosquitos transmiten el virus a los humanos de monos infectados– son responsables de unos cuantos casos al año.
En enero de 2017, la fiebre amarilla comenzó a extenderse desde los bosques de Minas Gerais, un Estado rural en crecimiento, hacia el sureste de Brasil mucho más poblado, provocando la muerte de centenares de monos. Minas Gerais declaró el estado de emergencia. Brasil organizó campañas de vacunación y publicidad sobre la enfermedad y se formaron largas colas en los centros de salud de grandes ciudades como Río de Janeiro, donde algunos centros se quedaron sin existencias.
Pero el temor de que la enfermedad pudiera pasar de los mosquitos del bosque a los mosquitos Aedes Aegypti, que proliferan en las grandes ciudades, no se hizo realidad. Como los casos disminuyeron en el invierno austral, el ministro de Sanidad, Ricardo Barros, afirmó en septiembre que el brote había terminado.
Pero con la llegada del verano austral en enero, la fiebre amarilla regresó y esta vez fue más mortífera. Entre julio de 2017 y el 20 de marzo de 2018 se han dado 1.098 casos y 340 muertes, y Barros está en el ojo del huracán.
«Era muy predecible», señala Maurício Nogueira, presidente de la Sociedad Brasileña de Virología y especialista en enfermedades infecciosas.
Los especialistas señalan el fracaso del Gobierno en todos los niveles. Hace más de diez años que las vacunas contra la fiebre amarilla son recomendadas en Minas Gerais. Pero cuando comenzó el brote en enero de 2017 solo la mitad de los 21 millones de personas que viven ahí estaba protegida. La proporción era aún menor en algunos de los pueblos rurales aislados donde se concentraba la enfermedad.
El año pasado, este Estado registró 475 casos y 162 muertes. Ahora, Minas Gerais ha vacunado a casi nueve millones de personas, según los datos del subsecretario de Estado de Vigilancia Epidemiológica, Rodrigo Said. Said ha subrayado las dificultades para llegar a las poblaciones rurales dispersas: «Es una labor muy difícil y costosa».
Pero desde diciembre, Minas Gerais ha sufrido otros 396 casos y otras 137 muertes. Tal y como afirma Jessé Alves, especialista en enfermedades infecciosas del hospital Emilio Ribas de San Pablo, «las cifras hablan por sí solas».
A medida que el virus se acercaba a Río de Janeiro en marzo de 2017, las autoridades anunciaron un plan para vacunar, antes de que terminara el año, al 90% de los 16 millones de personas que viven en ese Estado. Aun así, menos de un tercio de la población recibió la vacuna. En 2016, el Estado de Río de Janeiro registró 27 casos y 9 muertos. Este año ya van 179 casos y 67 muertos.
En agosto, el Estado de São Paulo comenzó a vacunar en los «corredores ecológicos» anticipándose a la propagación del virus. El Estado siguió las directrices de la OMS para controlar brotes y dividió o «fraccionó» las dosis para proporcionar cobertura durante al menos un año, en lugar de diez.
«No hemos quitado el pie del acelerador», explica Regiane de Paula, directora del centro de vigilancia epidemiológica de São Paulo. Según ella, la mitad de la población está ahora protegida. Pero desde 2017 el Estado ha sufrido 345 casos y 125 muertes. Cualesquiera que fueran las medidas tomadas por las autoridades, explica Nogueira, «claramente no han sido suficientes».