Tras la recuperación del fundo “El Peonío”, el diputado a la Asamblea Nacional y líder campesino, Braulio Álvarez, afirmó que la Constitución venezolana asume la vocería del movimiento campesino y declara al latifundio como un enemigo de orden social.
Durante su participación en el programa Dando y Dando de Venezolana de Televisión, el diputado sostuvo que la Carta Magna también prevé acciones que antes los terratenientes no habían cumplido.
En ese sentido, resaltó que el Estado es el legítimo propietario y el encargado del uso de la tierra como modo de producción de las masas campesinas.
Explicó que la situación de este fundo, localizado al Sur del Lago de Maracaibo (Zulia), se definió bajo el marco de la ley expresado en el artículo 215 de la Constitución que prevé que el acto de expropiación se compensa con el pago de mejoras y bienhechurias.
Advirtió que en el eje Cojedes, Portuguesa, Barinas y toda la parte del sur, hay más de 2 mil 300 kilómetros de frontera, con tierras de primera en donde la población aún vive «la medianería, parcería, y el arrendamiento, además de trabajar en situación muy cercana a la esclavitud».
Denunció que en esa área los hombres y mujeres trabajadores estaban en situación de calamidad, puesto que le violentaban todas las leyes de orden social como, el salario mínimo, derecho a la educación y asistencia medica, además de sufrir las acciones del sicariato y el paramilitarismo.
Por último, señaló que pese a que la producción de carne, leche, plátanos y cambures en la zona es elevada, detrás existe la miseria y la explotación de los campesinos, «ya que este modo de producción también es usado como mascara por el narcotráfico».