La política hostil que mantiene la Casa Blanca con respecto a Venezuela tiene sus inicios mucho antes que Nicolás Maduro asumiera la Presidencia de la República, y se materializan en acciones desestabilizadoras desde el golpe de Estado en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez; el plan “La Salida” (una escalada de violencia en febrero de 2014) y las manifestaciones violentas de 2017
__________________________________________________
Los orígenes, las consecuencias y el contexto en el cual el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto una serie de medidas coercitivas unilaterales a la República Bolivariana de Venezuela fueron expuestos este martes ante los jóvenes que integran la Brigada Internacionalista Che Guevara, en el marco de las actividades que desarrollan en Caracas los brigadistas procedentes de varios países.
La declaración de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de la nación norteamericana, en una orden ejecutiva suscrita en 2015 por el entonces presidente Barack Obama, fue una de las principales referencias que hizo Diego Sequera, columnista del portal venezolano de investigaciones Misión Verdad.
El analista internacional, sin embargo, sostuvo que la política hostil que mantiene la Casa Blanca con respecto a Venezuela tiene sus inicios mucho antes que Nicolás Maduro asumiera la Presidencia de la República; y aludió una sucesión de acciones desestabilizadoras en el país petrolero desde el golpe de Estado en abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez; el plan “La Salida” (una escalada de violencia en febrero de 2014) y las manifestaciones violentas de 2017.
Con relación a estas últimas, destacó el efecto pacificador de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que fue convocada por el Ejecutivo Nacional en mayo de 2017 y electa el 30 de julio del mismo año.
Estas maniobras, que buscan forzar un cambio de Gobierno en Venezuela para controlar sus recursos naturales, son asistidas por una campaña mediática internacional que pretende legitimar estas acciones, sugirió el columnista.
En días recientes, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, consignó una misiva suscrita por el presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), por medio de la cual se solicitó formalmente el inicio de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales.
“Tenemos la convicción de que las consecuencias de estas medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad, en este caso, contra la población civil de Venezuela”, dijo el canciller en una rueda de prensa desde La Haya, Países Bajos, luego de remitir el caso ante el tribunal internacional.
El bloqueo económico y comercial que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela, entre otras consecuencias, limita al Estado venezolano su capacidad de importación de bienes básicos como alimentos y medicinas, denunció durante el foro este martes en Caracas Lucrecia Hernández, directora de Sures, una asociación dedicada al estudio, educación y defensa de los derechos humanos.
La activista de derechos humanos recalcó, además, la ilegalidad de estas medidas coercitivas unilaterales que transgreden la Carta de las Naciones Unidas y perjudican a todo el país.
Desde 2014, más de 7 mil millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados en 40 bancos internacionales y Sures estima que el bloqueo ha generado pérdidas al Estado por el orden de 130.000 millones de dólares.
La brigada internacionalista congregó en Venezuela un total de 15 brigadistas: 12 provenientes de Estados Unidos, dos de Jamaica, y un brigadista de Brasil.