A 50 millones de bolívares ascienden las perdidas causadas al Ministerio de Ambiente por la arremetida terrorista de la ultraderecha durante los meses de febrero, marzo y abril en el estado Mérida, informó este lunes Ernesto Arens, director de la cartera ambiental en el estado andino.
En un recorrido de inspección por los edificios sede de organismos y del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Arens constató junto al Diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Briceño, los daños y destrozos infligidos por el accionar terrorista de grupos identificados con la ultraderecha.
El director estadal de Ambiente resaltó que la sede ministerial ubicada en la cercanía de la avenida Las Américas, sufrió el desmantelamiento total de su mobiliario, equipos electrónicos de oficina y de inspecciones de campo, así como la destrucción de buena parte de la infraestructura y la incineración de cinco vehículos logísticos, un retroexcavador y una aplanadora.
«Estas son acciones de terrorismo, sabemos que el Gobierno está tomando cartas en el asunto, ya los organismos policiales hicieron una primera evaluación y recolección de evidencias», acotó Arens.
Destacó que las acciones vandálicas, más allá de los daños patrimoniales, afectan directamente a la ciudadanía dado que un importante número de expedientes y solicitudes tramitados ante la cartera ambiental fueron dañados o substraídos.
Recalcó también que la arremetida de los grupos fascistas incluyó amenazas, agresiones y vejámenes en contra de la integridad de los trabajadores de la cartera ambiental y el Inparques.
Arens llamó la atención sobre el hecho particular de que las autoridades de la Universidad de Los Andes (ULA) no hayan formulado un pronunciamiento en contra de las acciones vandálicas perpetradas por grupos agitadores contra la sede del Ministerio de Ambiente en el estado, tomando en cuenta que esa casa de estudios alberga la única facultad de Ciencias Forestales y Ambientales del país.
Bulmaro Gómez Durán, trabajador del ente, resaltó que terroristas armados perpetraron las acciones en contra de la sede ministerial, sucesos en los que además se amenazó la integridad física de los trabajadores.
«Al ver estas oficinas saqueadas y los destrozos, no podemos sino concluir que esta es una acción vandálica y terrorista ¿Podemos dejar esto así, sin que se castigue a los responsables? Creo que no, la impunidad en este y otros casos, permitiría que en el futuro se vuelva a utilizar el terror como arma política», recalcó.
ASAMBLEA NACIONAL INVESTIGA LOS HECHOS
El diputado Manuel Briceño, miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, destacó que la instancia ha identificado un conjunto de acciones punibles ejecutadas por grupos radicales en el contexto de una agenda desestabilizadora.
«Son acciones que podemos calificar como daños y delitos ambientales. Si a esto le sumamos la intencionalidad política de crear zozobra, entonces estamos hablando de terrorismo. En la ciudad de Mérida fueron talados más de 150 árboles y se intentó contaminar el acueducto», destacó Briceño en la lista de hechos perpetrados en la entidad merideña.
Enfatizó que la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN está recabando información en todos los estados afectados por la violencia convocada por voceros de la ultraderecha, llamado que trascendió la delimitación de una protesta y degeneró en la comisión de delitos ambientales claramente tipificados en la Ley Penal del Ambiente.
«Estamos hablando de terrorismo, del ecocidio como arma política e instrumento de terror que inflige en el pueblo una sensación de miedo y de zozobra. La Comisión de Ambiente y las Fiscalías con competencia estamos sistematizando la información para determinar los daños ambientales y las responsabilidades individuales, colectivas e institucionales», enfatizó.
Desde el pasado 10 de febrero, grupos radicales que están siendo investigados por el Estado, perpetraron en Mérida más de 600 ataques contra instalaciones públicas, privadas y particulares, acciones que hacían parte de una agenda golpista contra el Gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro.
El estado de sitio impuesto por los grupos terroristas duró hasta el jueves pasado, día en que un contingente de 2.000 efectivos militares y policiales en coordinación con obreros de la Corporación Merideña de Turismo, emprendieron exitosamente el levantamiento de barricadas y despeje de vías en los tres kilómetros cuadrados de área sitiados por más de 70 días.