El impacto económico del virus del zika en América Latina y el Caribe se calcula este lunes en casi cuatro mil millones de dólares, entre pérdidas de ingresos y el daño fiscal, afirmó el Banco Mundial (BM).
De acuerdo con un estudio de este organismo internacional, de ese monto 3,5 millones serán ingresos perdidos a consecuencia del virus, un 0,06 del Producto Interior Bruto de la región, y 420 millones de impacto fiscal.
El BM señaló que en una hipótesis de un escenario moderado, un grupo de naciones altamente dependientes del turismo -en particular del Caribe- podría sufrir pérdidas de más del uno por ciento de su PIB, lo cual requeriría apoyo adicional de la comunidad internacional para frenar el golpe económico a causa del virus.
Agregó que los efectos económicos serán reevaluados en la medida que surjan más detalles sobre la transmisión y sus consecuencias, o que la percepción pública sobre sus riesgos aumente de manera considerable.
El presidente del BM, Jim Yong Kim, aseguró que el análisis realizado sobre los efectos del virus del zika pone de relieve la importancia de adoptar acciones urgentes para detener su propagación y proteger la salud y el bienestar de las personas en los países afectados.
Significó que el «Banco Mundial está listo para apoyar a los países afectados por esta crisis de salud y para proporcionar apoyo adicional si es necesario».
A tales efectos anunció que se dispuso 150 millones de dólares en forma inmediata para Latinoamérica y el Caribe con el fin de enfrentar al virus, sobre la base de la demanda de financiamiento por parte de los países luego de extensas consultas con sus gobiernos y el envío de equipos técnicos a las zonas más afectadas.
Dicho presupuesto apoyará la vigilancia y control de vectores, identificación de personas con mayor riesgo, especialmente las mujeres embarazadas y en edad reproductiva, y la atención y seguimiento durante el embarazo y cuidado postnatal, en caso de complicaciones neurológicas.
También contribuirá a la promoción de la planificación familiar y de campañas de concientización pública, medidas de prevención, movilización de la comunidad y otras actividades que aseguren una respuesta robusta, multisectorial, bien dirigida y coordinada.