Campesinos colombianos del Catatumbo, Norte de Santander, convocaron a un encuentro que fue denominado Acuerdo Social por el Catatumbo.
La cita está prevista para este viernes 2, informó Olga Quintero, representante de los campesinos del Catatumbo.
«Hoy, después de 53 días de paro, de movilización campesina, queremos manifestar que seguimos abiertos al diálogo», expresó Quintero.
La dirigente campesina informó que la reunión de este viernes fue acordada con los garantes del proceso de negociaciones en el Catatumbo, que son el vicepresidente Angelino Garzón; el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland; el expresidente Ernesto Samper, el senador Juan Fernando Cristo y el congresista Iván Cepeda, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Colombia.
Quintero informó que en ese encuentro los campesinos harán «efectivo el desbloqueo de la vía Tibú-Cúcuta». Señaló que con esa acción, exigida por el Ejecutivo, esperan una respuesta de parte del Gobierno para reanudar el diálogo en la región de inmediato.
«Aquí no se trata de guerra, aquí se trata de la paz, nosotros los campesinos bloqueamos las vías porque queríamos atención», indicó.
Añadió que «esperamos que más que ver las problemáticas de la región del Catatumbo, veamos las soluciones reales para esta región que históricamente ha sido abandonada».
El vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, dijo en la misma rueda de prensa junto a Quintero que si se levanta el bloqueo el viernes dará respuesta de reinicio del diálogo como había prometido el Ejecutivo.
«Yo honraré la palabra, si ellos ponen fin al bloqueo, el Gobierno Nacional inmediatamente nombrará una comisión de alto Gobierno para que se sienten a dialogar con los campesinos sobre los puntos básicos que ellos han planteado», expresó.
Las protestas en el Catatumbo comenzaron el 10 de junio pasado para demandar la atención del Gobierno ante el abandono de la región.
Los campesinos exigen la suspensión de cultivos ilícitos, la implementación de una Zona de Reserva Campesina, detener el desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los derechos humanos.
Desde el inicio de las protestas, los campesinos han sido reprimidos en varias oportunidades por las fuerzas de seguridad, con un saldo de cuatro muertos y más de 50 heridos.