Los representantes legales de ocho de los campesinos paraguayos presos desde el cruento desalojo, efectuado en junio pasado, en la localidad de Curuguaty (este) denunciaron que sus protegidos cumplen este viernes 25 días en huelga de hambre, en reclamo de su libertad inmediata por falta de pruebas en la investigación.
Los campesinos se encuentran privados de su libertad en la cárcel de Coronel Oviedo, ubicada en el vecino departamento de Caaguazú, desde hace más de cuatro meses, y algunos de ellos ni siquieran han visto curadas sus heridas de bala.
“El miércoles hablé con sus familias, me indicaron que uno de los presos está herido y también hay una mujer embarazada. La situación es muy grave en cuanto a su salud, pero aún así no tienen intención de dejar a un lado esta medida extrema que sólo reclama su libertad, ya que no tienen participación en la masacre de Curuguaty”, explicó el abogado Vicente Morales.
Días atrás, los familiares comparecieron en un noticiero televisivo y denunciaron que se trata de una “violación de los derechos humanos”, por mantenerlos en prisión sin pruebas, por demorar las investigaciones y por no ofrecer la correcta atención médica.
Por su parte, otro de los abogados defensores, Guillermo Ferreiro, acusó a la Fiscalía paraguaya de irregularidades en las investigaciones y de negarle el acceso a la carpeta con los expedientes y las supuestas pruebas obtenidas.
Por ello, Ferreriro reiteró su apoyo al informe paralelo presentado por la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, cuyas investigaciones llevadas a cabo por un grupo de juristas eximieron a los labriegos de responsabilidad en la muerte de los policías.
El informe agrega que francotiradores no identificados realizaron los primeros disparos con armas automáticas nunca halladas, creándose así sospechas de una maniobra política tras lo sucedido.
La masacre se produjo cuando en junio de este año un desalojo de la Policía Nacional de Paraguay a un asentamiento campesino en la región oriental del país finalizó con 11 muertos. Una docena de campesinos siguen prisioneros y más de 30 son calificados de prófugos tras el episodio.
Según medios locales, ningún organismo del Estado se ha manifestado tras la huelga que mantienen estas personas.
La masacre de Curuguaty motivó el juicio político que destituyó al entonces presidente democrático y constitucional Fernando Lugo, una medida considerada por naciones vecinas como un “golpe parlamentario», ya que el proceso no respetó los plazos para la debida defensa y la acusación carecía de pruebas.