En nombre del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, inició este miércoles la videoconferencia académica «Medidas Coercitivas Unilaterales: Irrespeto del Derecho Internacional y graves consecuencias humanas», que organiza durante dos días junto a la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra.
El Canciller explicó que como país civilizado, Venezuela respeta la Carta de las Naciones Unidas, que establece cuándo y cómo se aplican medidas coercitivas a un Estado miembro, que «jamás son unilaterales» y que tienen un procedimiento, una evaluación, «no un antojo político ni ideológico de un gobierno de un país determinado».
Indicó que en febrero de este año, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, visitó el país y luego de su evaluación, en su informe reflejó las consecuencias devastadoras en la salud, educación, producción y otras áreas sensibles de la población venezolana.
Asimismo, reiteró que el asesor de la Administración Obama, Richard Nephew, en su libro «El arte de las sanciones», reconoce que el objetivo de las medidas coercitivas es generar dolor para crear condiciones favorables a un cambio de régimen. Acotó que esta obra fue incorporada a la remisión que Venezuela interpuso ante la Corte Penal Internacional contra funcionarios del Gobierno de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad.
En sus palabras de inauguración de la videoconferencia internacional, el ministro Arreaza recalcó que el carácter ilegal de las medidas coercitivas unilaterales, disfrazadas como sanciones por EEUU, está claramente establecido por la propia Asamblea General de la ONU en distintos debates y resoluciones, al igual que por su Consejo de Derechos Humanos; sin embargo, los países con arrogancia e ínfulas de dominación siguen aplicándolas sin consideraciones, incluso durante la pandemia de la COVID-19.
Añadió que el año pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y relatores especiales levantaron su voz para que, por lo menos, flexibilizaran las sanciones en el marco de la pandemia y fueron desatendidas estas exigencias multilaterales.
El Canciller precisó que, producto de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela tiene 6.000 millones de dólares bloqueados en el exterior, además de la confiscación de la empresa Citgo, con sus refinerías y red de estaciones de servicio en EEUU, entre otros activos de la República en el extranjero. Puntualizó que la producción petrolera ha disminuido en 99%, lo que a decir de los expertos solo es comparable con un país sometido a una guerra convencional.
En el inicio de la actividad, el representante permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra, Héctor Constant, informó que durante este primer día participan como ponentes la relatora especial Alena Douhan; el catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Remiro Brotons; el ex experto independiente de la ONU sobre un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas; el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Central de Venezuela, Carmelo Borrego y Richard Falk, profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad de Princeton.
Agradeció la conexión a la actividad de las misiones extranjeras acreditadas ante la ONU Ginebra de los países: Nicaragua, Catar, Siria, Zimbabue, Paquistán, China, India, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia, Rusia e Irak.