El financiamiento extranjero a organizaciones no gubernamentales y partidos políticos venezolanos debe ser regulado por la Cancillería, aseveró el diputado y abogado constitucionalista Carlos Escarrá, quien también es promotor de una ley -aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN)- para regir esta materia.
El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela recordó que la normativa recibió el visto bueno “para controlar los fondos que recibían las organizaciones no gubernamentales”. Ratificó que un cuerpo legal en este sentido no limitará a las organizaciones que trabajan honestamente por el país. “Sencillamente lo que se pide es explicar de dónde vienen los fondos, certificar su origen y decir para qué se utilizarán”, puntualizó.
No se puede permitir el ingreso de recursos provenientes de otros Estados “para realizar actividades contrarias a la institucionalidad venezolana”, subrayó. “No se pueden recibir dólares para atacar al Estado; es decir, no se puede hacer lo que hace el empresario Guillermo Zuloaga”, dueño del canal Globovisión y prófugo de la justicia venezolana.
En otras naciones está prohibido hacer lo que actualmente se lleva a cabo en Venezuela: la entrada de miles de dólares, tal como lo constató la abogada venezolano-estadounidense Eva Golinger en documentos desclasificados del Departamento de Estado estadounidense.
“Por ejemplo”, apunta Escarrá, en Estados Unidos no está autorizado lo que ocurre ahora en el país, con el ataque permanente contra las instituciones del Estado”. Una normativa que frene el flujo de dólares hacia ONG y partidos “está en el contexto de la Constitución, es un problema de soberanía de Estado”, señaló.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
En su discurso del pasado martes en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, el Jefe del Estado rememoró que, en la década de los años 60, por decisión del entonces presidente Rómulo Betancourt (Acción Democrática) fueron ilegalizadas las organizaciones de izquierda Partido Comunista de Venezuela y Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Con estas palabras “el Mandatario quiso asentar que en nuestra historia han existido gobiernos que han perseguido ilegítimamente”; han tenido apariencia democrática “pero han sido represivos”; y que ahora “estamos viviendo una de las democracias más plenas”, reflexionó.
El Presidente de la República también llamó a cerrarle el paso a la ultraderecha en el Parlamento. Esto, en opinión de Escarrá, debe interpretarse como que la AN será “el epicentro de un debate político feroz, y se establecerán líneas. Si se respeta la institucionalidad, perfecto, pero si utilizas tu condición de parlamentario para conspirar contra el Estado u organizar un magnicidio, debe existir una institucionalidad fuerte que pueda responder”.
JUECES VENEZOLANOS
En un mensaje transmitido por Globovisión la noche del lunes, el empresario Guillermo Zuloaga, prófugo de la justicia venezolana, conminó al presidente Chávez a aceptar la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su caso.
“Zuloaga retó a Chávez para echar a un lado la justicia venezolana y someterse a jueces internacionales”, sintetiza Escarrá. Esta petición “no tiene sentido, porque violaría nuestra soberanía. El Presidente de la República no puede decir ‘desecho los tribunales venezolanos y voy a los otros’. En segundo lugar, para ir al sistema interamericano primero se debe agotar el proceso en Venezuela, proceso que no ha sido agotado, porque Zuloaga huyó, y en nuestro país no existe juicio en ausencia”.
El parlamentario se pregunta cómo ingresó el dueño de Globovisión a Estados Unidos, si escapó de la justicia nacional “y no tiene pasaporte”. Se trata, insiste, “de las manipulaciones internacionales. Si una persona va a Estados Unidos, la hacen desnudar y un conjunto de cosas. Casi le hacen examen de dientes y orina. A otros, no”.
Aun cuando Zuloaga se presenta internacionalmente como un supuesto perseguido político, Escarrá recalcó que el delito por el cual se lo juzga es usura genérica. “Es un delito común. No es un pase de factura. Cualquier delincuente va a decir, entonces, que es un preso político. Es muy fácil decir que se es preso político para evadir la justicia”.
Al contrario de lo que quiere hacer ver el empresario, al presentar a su país como víctima de un régimen de terror, en Venezuela “no ha existido un periodo en el cual las comunicadoras y los comunicadores opinen e, incluso, agredan. En el país hay una situación, más que de libertad, de libertinaje, que no lo aceptaría otro Estado en el mundo”.
Escarrá reiteró que Zuloaga tiene garantizado un juicio justo, y puso el ejemplo del actual gobernador del estado Miranda, el opositor Henrique Capriles Radonski, quien permaneció en la nación y afrontó un proceso en su contra del cual salió airoso.
DEBER PATRIO
El encuentro de organizaciones y figuras de la ultraderecha mundial efectuado en Washington no es poca cosa, reitera Escarrá. “Llevaron gente de conocida y marcada tendencia golpista, como Lucio Gutiérrez en Ecuador; gente de Santa Cruz de Bolivia (separatista); un delincuente y bandido como Guillermo Zuloaga, para agredir a los países de Latinoamérica y el ALBA”, resumió.
Uno de los propósitos de la reunión, asegura el abogado, era justificar el presupuesto del Congreso de Estados Unidos para atacar a los gobiernos progresistas de la región.
“Los recursos están aprobados, pero es una manera de justificarlos y de decirle al pueblo estadounidense que en el sur hay un zambo como Chávez, un indio como Evo Morales, un mestizo como Rafael Correa, y que el Congreso debe estar pendiente y actuar”, manifestó.
Escarrá describió a la institucionalidad estadounidense como “forajida, salvaje, delincuente, invasora, terrófaga”. Ante esto, enfatizó que en el artículo 1 de la Constitución Venezuela “se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente”. Por lo tanto, la respuesta del presidente Chávez el pasado martes en la noche en el Parlamento “es un deber patrio”, porque hay “un ataque contra Venezuela, contra la democracia venezolana y contra el Estado venezolano”.