El candidato presidencial por el Partido Liberal de Colombia, Rafael Pardo, declaró este lunes que podría acudir ante la Corte Penal Internacional para aclarar el dilema del espionaje político interno en su país.
“Si la justicia nacional no entra a formar parte activa en este asunto, jurados internacionales deberán evaluar la situación de sospecha sobre varios funcionarios de inteligencia”, afirmó el dirigente político.
En opinión de Pardo, las interferencias de comunicaciones realizadas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe son “execrables”, asegurando que constituyen una violación a la intimidad y dignidad humanas.
En días anteriores, el candidato emitió un comunicado dirigido al Fiscal General de la Nación, exhortando a los organismos de justicia ‘a redoblar esfuerzos para sacar a la luz todos los detalles alrededor del escándalo’.
«Quienes cometieron estos delitos, bien como autores materiales, como autores intelectuales, como cómplices o como agentes determinadores, violaron abiertamente la dignidad humana, violaron el derecho a la intimidad de las víctimas y sus familias, violaron el derecho a la libertad«, cita el comunicado de Rafael Pardo.
Aún así, el aspirante a la Casa de Nariño asegura que el sistema judicial neogranadino puede esclarecer lo sucedido.
«Como colombiano creo y defiendo instituciones y en especial a nuestra justicia. Creo en la capacidad de la Fiscalía para llegar a la verdad sobre este lamentable episodio y creo en la intención que tiene esa entidad de llegar hasta el fondo de ese inadmisible caso», apuntó.
Sin embargo, advirtió que de no ser así, deben buscarse instancias superiores, «por tratarse de delito que violan los derechos humanos, si la justicia Colombiana permite que se presente impunidad en alguno de estos casos, la justicia internacional, de manera subsidiaria, tendría que actuar».
Diversos medios de comunicación social colombianos han destacado que la sociedad colombiana perdió la confianza en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) luego de lo trascendido con las intercepciones telefónicas.
Asimismo, organizaciones sociales sostienen que el Gobierno debe aclarar las persecuciones a dirigentes por parte del DAS, y en lugar de refutar denuncias, debe publicar sus explicaciones.
La polémica por espionaje interno en Colombia se intensificó la pasada semana cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que estudiaría las denuncias de interferencias ilegales por parte de la Casa de Nariño, hace cinco años.
Actualmente, la Corte analiza pruebas de la Fiscalía General de la República que vinculan a funcionarios cercanos a Uribe con estos sucesos.
En el año 2009, la Revista Semana reveló que se hacían indagaciones políticas ilícitas en las comunicaciones de magistrados, políticos, periodistas y activistas de derechos humanos bajo pretexto de que mantenían contacto con la guerrilla colombiana.