El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Diosdado Cabello, desmintió este miércoles que la exdiputada y dirigente de la derecha fue inhabilitada por la Contralaría General de la República por los cestatikets como ella informa, sino por ocultar las bonificaciones que percibió durante su ejercicio como funcionaria publica en la declaración jurada de patrimonio.
Durante la sección Los Mazazos del programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, la máxima autoridad legislativa explicó que Machado obvio por dos veces consecutivas la declaración de bonos complementarios por gastos de transporte y alimentación.
“La Contraloría le hizo una pregunta directa a la señora Machado ¿Durante el desempeño de sus funciones públicas percibió recursos financieros o bienes destinados a compensar el gasto de vida consumo tales como bono de alimentación, vivienda, transporte, etc.? Explique detalladamente su respuesta, y ella respondió que no aplica”, aseveró Cabello.
En ese sentido, Cabelló manifestó que el bono complementario por gasto de transporte y alimentación es superior al sueldo de un parlamentario. “Recibe más un diputado por bonos que lo que recibe de sueldo”, acotó.
Por ello, refutó las declaraciones de Machado al indicar que en sus cuentas bancarias sólo estaban las asignaciones de la Asamblea, cuando la investigación arrojó que en su instrumento financiero “están multiplicadas como por 50 lo que ella gasta ¿de dónde saca la plata? por qué ella no lo dice en su declaración jurada”, criticó el parlamentario psuvista.
Según información suministrada por el patriota cooperante Chequeador, la Contraloría pidió, en la dirección de Recursos Humanos de órgano legislativo, los recibos de pagos de la ciudadana donde se evidencia la remuneración por gastos de transporte y complementos de alimentación.
INHABILITACIÓN NO ES UNA RETALIACIÓN POLÍTICA
El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, dijo la tarde de este miércoles que la inhabilitación de la exdiputada María Corina Machado por 12 meses no es una retaliación política.“No es una suspensión de carácter político, sino una inhabilitación para ejercer cargos en la administración pública», expresó.
La resolución se realiza en conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley Contra la Corrupción, mediante resolución N° 01-00-000398 de fecha 13 de julio de 2015.
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