“Nosotros no podemos tener ni una sola falta en derechos humanos”, aseveró ayer el viceministro de Asuntos para la Paz, José Vicente Rangel Ávalos. Advirtió que “si hay algún funcionario implicado en un exceso de sus atribuciones, tiene que ser juzgado por las leyes”.
Rangel Ávalos ofreció las declaraciones ayer, en el contexto del foro sobre la Prevención y Sanción de la Tortura que organizó la Defensoría del Pueblo. La jornada, en la que participaron funcionarias y funcionarios de los cuerpos de seguridad, se llevó a cabo en el Teatro del Ministerio de la Defensa.
El respeto de los derechos humanos planteados en la Constitución “no puede quedar en letra muerta”, alegó. En este sentido, destacó la importancia de todas y todos las personas es estén informadas sobre sus derechos y deberes.
La ley contra la tortura, mencionó como ejemplo el viceministro, establece una pena sumamente fuerte para el que la incumple. Por tal razón, “tenemos que conocerla, estudiarla”.
Recordó que “estamos construyendo un nuevo país”. Eso implica “el respeto de cada uno de los seres humanos”.
Rangel Ávalos sostuvo que conseguir la paz en el país no es una trabajo de un día para otro. La misión requiere de la responsabilidad de todas las ciudadanas y ciudadanos, señaló.
PREVENCIÓN Y SANCIÓN
El defensor del Pueblo y presidente de la Comisión Nacional para la Prevención y Sanción de la Tortura y otros Tratos Crueles , Tarek William Saab, destacó la pertinencia de la realización del foro “como un compromiso de divulgación y promoción de una ley novísima”.
Venezuela ha avanzado mucho en esta materia, sentenció. Asimismo, consideró que se ha logrado una cultura entre las funcionarias y los funcionarios de seguridad en cuanto al cumplimiento de la ley, la cual “es sumamente clara de lo que implica realizar este tipo de actos tan terribles”.
El objetivo del encuentro, que se realizará en todos los estados del país, tiene que ver con promover la conciencia respecto al trato que deben recibir las personas que están detenidas o en juicios.
Durante su intervención en el foro, Saab recordó que Venezuela arrastró una cultura de la tortura desde la época de Juan Vicente Gómez, la cual se fue agudizando durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y las posteriores practicas de la antigua Digepol.
EN MATERIA PENITENCIARIA
Saab consideró que uno de los triunfos más importantes de este año ha sido la coordinación que ha podido establecer la Defensoría en temas de carácter colectivo, entre ellos la situación penitenciaria.
Detalló que se ha logrado la instalación de una mesa de trabajo para abordar temas como el retardo procesal y las inspecciones a los centros penitenciarios. “Es positivo porque es un mecanismo en el que surgen recomendaciones”, comentó.
La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, también participó en la jornada de ayer. Declaró que “la política de promoción de derechos humanos de la revolución está a la vista”.
Como una de esas evidencias, Varela señaló que Venezuela es el único país que cuenta con un ministerio exclusivo para atender a los privados de libertad. Además de contar con una legislación y una comisión permanente en la Asamblea Nacional que también se dedica a la materia.
“Hemos avanzado en materia de derechos humanos”, aseveró. Y recordó que “ha sido el Gobierno Nacional quien se ha inscrito en la consulta de un plan nacional de derechos humanos, también debatido con los privados de libertad”.
RÉGIMEN PENITENCIARIO
Varela reiteró que actualmente el nuevo régimen penitenciario alcanza 90% de las cárceles. No obstante, aclaró que “el hecho de que una cárcel tenga régimen no quiere decir que no se pueda presentar en algún momento la rebeldía de algún privado de libertad”.
Sin embargo, si eso ocurre, “tampoco significa que el régimen esté en riesgo, que se haya perdido o que volvamos a las circunstancias en las que la Revolución encontró las cárceles en este país”.