El pueblo está atento a las medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para atacar la crisis impuesta por la guerra económica. Lineamientos que abarcan desde un importante aumento de más de 5 mil por ciento del salario mínimo y acuerdos con el sector empresarial para regular el precio de productos de consumo masivo, entre los que destacan la lista de alimentos perecederos y no perecederos.
Tras poco más de un mes de anunciado el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, el Mandatario ofreció un balance de los primeros resultados de las medidas, informe que hizo público por transmisión conjunta de radio y televisión y en el que hizo notar la práctica especulativa de ciertos comerciantes al ofrecer algunos de los productos con niveles de precios establecidos.
Durante un recorrido del Correo del Orinoco por el centro de Caracas, fueron consultadas algunas personas sobre la sentencia hecha por el Jefe de Estado, quien anunció que exigirá a dueños de comercios y supermercados que cumplan con los precios acordados con el Gobierno Bolivariano, una advertencia que contó con el respaldo de todos.
Es el caso de Luis Marcano, oriundo de Maturín estado Monagas, quien instó al Presidente a “tomar medidas severas contra los especuladores, sin mano blanda”, pues de ello depende el éxito del programa ideado para corregir el desequilibrio económico.
Para Marcano, los focos de desabastecimiento y aumento desproporcionado de los precios son una práctica “histórica” del empresariado nacional, al que calificó de “parásito”, a los que “no les interesa invertir sino vivir del subsidio y del regalo que les dé el Gobierno”.
Pedro Viera es un vecino de la urbanización Diego de Losada, en la parroquia San José, para quien el presidente Maduro representa “el digno heredero del legado del comandante Hugo Chávez”. No obstante, considera que todo lo bueno que se pueda obtener con el plan de recuperación “se puede perder si no se realiza la supervisión adecuada a los establecimiento comerciales”.
“Se necesita más supervisión de los organismos del Estado. La Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos) debe arreciar con las fiscalización de los comercios, con operativo permanente para que los vendedores no tengan tiempo de cambiar el precio de los productos. Se están burlando de todos, del Gobierno, del Estado, del pueblo, y así no van a funcionar las medidas. Sin mano dura no habrá victoria definitiva”, opinó Viera.
“PONERLE UN PARAO”
“El pueblo tiene que estar vigilante para que se cumplan los acuerdos”, es el criterio de Juan Pernía, habitante de la parroquia El Valle. A su juicio, paralelo a los planes del Gobierno nacional, “el sector empresarial creó una estrategia cuya ofensiva principal es profundizar el acaparamiento y la especulación”.
Sentado en un banco de la plaza Bolívar de Caracas, Pernía relee en el Correo del Orinoco lo expresado por el mandatario Maduro y dice confiar en la disposición del Mandatario para hacer cumplir las leyes y así “revitalizar el salario de los trabajadores venezolanos”.
FUERZA EN LA FISCALIZACIÓN
Kilian Cairo, es un luchador social de larga data, consecuente con este proceso de cambio, el cual defiende desde la trinchera conocida como la Esquina Caliente, espacio ubicado en el extremo suroeste de la plaza Bolívar.
Para Cairo, la coyuntura que vive el país, actualmente tiene su origen en la Cuarta República con la constitución de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), una institución que, según su opinión, fue creada en 1943 para reforzar el frente conspirador contra el Gobierno del Isaías Medina Angarita (1941-1945), una práctica que tratan de repetir desde la llegada de la Revolución con el comandante Hugo Chávez.
Asegura que los empresarios asociado en Fedecamara carecen de autonomía, pues las directrices que orientan la estrategia de la institución “provienen directamente desde el imperialismo Estadounidense. “Ellos trabajan para desestabilizar la economía con la táctica del sobreprecio. Es por eso que cualquier acuerdo de este sector con el Gobierno, siempre será violado por parte de los dueños de las empresas, ya que lo que conviene al pueblo nunca estará en concordancia con sus intereses”, comentó Cairó.
En este orden de ideas se expresó Ramiro Paiba, un jubilado, quien critica la debilidad de las instituciones del Estado para defender las medidas implementadas. A su juicio, el Sundde ha fallado en su función de controlar a los comerciantes.
Paiba concuerda con quienes solicitan más protagonismos del Poder Popular en la supervisión de los establecimientos comerciales. Considera que una buena medida sería la creación de los “comités de vigilancia”, los cuales tendrán la función de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y supervisar el trabajo de los fiscales de las instituciones del Estado.
A su entender, los poderes locales de Caracas tampoco han cumplido con el mandato presidencial. Reflexiona y acusa a la Alcaldía del Municipio Libertador y al Gobierno del Distrito Capital de nos diseñar un plan de acción contra la especulación y el acaparamiento, que refuerce los creados desde el Gobierno.
“No hacen nada, porque el Presidente los mandó a supervisar los supermercados y los mercados populares, y aquellos a los que yo he visitado como Guaicaipuro, Quinta Crespo y San Martín, los precios están completamente fuera de los acordados. La sobrefacturación y el bachaqueo es la ley que se cumple en estos establecimiento”, indicó.
OJO CON LAS BODEGAS
Echenique Santos recordó que fue uno de los venezolanos que se alegró cuando el Presidente anunció las primeras medidas económicas, sin embargo, dice que esta alegría “se apagó cuando a los pocos días los comerciantes incrementaron arbitrariamente los precios de los productos”.
Cuenta que según su experiencia, “casi todos los días las panaderías suben el precio del pan, al igual que el del queso, todo está inalcanzable”. Para este vecino de la parroquia Sucre cualquier medida de fiscalización debe incluir a las bodegas que se encuentran en los barrios, pues es en estos locales donde el pueblo adquiere la mayoría de los alimentos que consume.
“En mi barrio antes había una bodega y ahora hay seis, y todas vendes peor que Excelsior Gama y todos esos supermercados lujosos. Queremos saber ¿qué es lo que está pasado? El pueblo tiene las manos atadas porque cree que no debe tomar la justicia en sus manos pero lo que provoca es que las comunidades tomen la decisión de bajarle la santamaría a esos negocios”, opina.
Santos cree en el protagonismo del Poder Popular por eso considera que esta fase de la ofensiva económica, “el potencial de los consejos comunales es subestimados”. “No se abocan a las funciones para los que fueron creados”, dice.