La coreografía, improvisada, muestra a nueve varones con trajes negros, brillos dorados y galera, que van rodeando –al ritmo de la música– a una muñeca inflable, de tamaño real y cabello rubio. La acosan en manada y simulan una violación colectiva. El público aplaude, arenga. Ocurrió el viernes, en la primera noche del carnaval de Corrientes, en pleno corsódromo Nolo Alías, de la capital provincial. Los bailarines formaban parte de la comparsa Copacabana, una de las más antiguas, que está celebrando por estos días sus 60 años en el tradicional festejo correntino. La viralización de las imágenes en redes sociales y el repudio generalizado que despertó el video, generaron una rápida reacción. Ayer, la secretaria general de Copacabana anunció que los nueve, que forman parte de un bloque denominado “Los Malandras”, fueron expulsados de la comparsa. Los echaron, vale aclarar, luego de la reacción pública. No antes. Pero es un avance.
«No vamos a permitir que esto suceda en nuestra comparsa y menos faltarle el respeto a una mujer», afirmó la secretaria general de Copacabana, Susana Pereyra, en diálogo con ellitoral.com.ar.
La muñeca inflable, contó, cayó de una tribuna. Después de ver las imágenes, Pereyra dijo: «Los sancionamos y los echamos; nunca más van a bailar en la comparsa Copacabana». Y agregó «que es una época de carnaval y que se hacen bromas, pero no de este tipo, por eso tomamos esta decisión drástica».
¿Se va consolidando en la sociedad argentina la tolerancia cero a los chistes en relación a la violencia machista o es el temor al costo social –y político– que puede tener seguir avalando este tipo de bromas lo que impulsa la sanción?
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La escena protagonizada por los malandras perpetra violencia simbólica, probablemente, la causante de todas las demás violencias machistas. La ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres la define así en su artículo 5°: “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
“Hay que saludar esa decisión que se tomó, pero hay que decirlo, se tomó luego de que tuvo trascendencia y repercusiones nacionales lo que había sucedido. Pero también hay que decir que esta naturalización de la violación, de las vejaciones sexuales, del derecho a humillar, no son hechos aislados en Corrientes”, apuntó en diálogo con Página|12 la ex diputada nacional por Corrientes Araceli Ferreyra. Y consideró que el episodio “hay que ubicarlo en el entramado de una provincia cada vez más conservadora donde las mujeres somos cotidianamente víctimas de innumerables violencias machistas, muchas de índole y contenido sexual, donde niñas de 10, 11 o 12 años son violadas recurrentemente por hombres de sus entornos, son obligadas a parir, se le niega el derecho a la interrupción legal del embarazo porque dicen que una nena de esa edad da consentimiento válido para una relación sexual. E incluso, el ministro de Salud fue involucrado en una escena en un hotel con mujeres sometidas a trata sexual y menores de edad y al día de hoy sigue siendo ministro. Esa es la Corriente que duele en el momento en que ese cuadro recorre el escenario mayor de una de las fiestas más importantes de la provincia. El espíritu carnavalero no es compatible con este tipo de prácticas, pero hay que decir que no se trató de un hecho aislado, sino que es una situación constante y reiterada la que se vive en esta corriente feudalizada”, describió Ferreyra.
El carnaval, para la provincia de Corrientes, es política de Estado. Así lo definieron el gobernador Gustavo Valdés y el intendente, Eduardo Tassano (ambos de la alianza entre radicales y macristas Encuentro Corrientes + Cambiemos) al presentar el evento junto a la empresa privada que lo lleva adelante, con apoyo estatal.
“La cultura de la violación nunca puede ser tomada en chiste, todavía buscamos justicia en nuestra provincia por casos de adolescentes muertas tras violaciones en manada”, señaló a Página|12 la activista feminista de Corrientes, Caro González. Uno de esos femicidios es el de Irina Diana López: tenía 15 años cuando fue asesinada, en enero de 2018, en una habitación del inquilinato en el que vivía con su madre y su bebé de seis meses: la encontraron en un charco de sangre. La fiscal del caso, Graciela Fernández Contarde dijo a la prensa que falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por una violenta violación. La herida interna de la cesárea, que había tenido seis meses antes, no había cicatrizado aún. De los seis detenidos que hubo en un primer momento –cinco varones y una mujer–, queda uno solo preso: la querella cuestiona que cuatro fueron absueltos por encubrimiento a pesar de que se probó que dieron falso testimonio y de los dos cuyo ADN fue encontrado entre los restos de la niña, a uno también se le dictó falta de mérito en diciembre.
La rápida viralización del video del carnaval y el repudio en redes permitió que la respuesta de la comparsa fuera inmediata y se procediera a una sanción fuerte.
“Falta ahora la respuesta del Estado, ya que el carnaval es política de Estado; sería imprescindible la sensibilización a través de la ley Micaela para todas las comparsas”, consideró González.
El problema es que todavía Corrientes –gobernada por radicales y macristas— no adhirió a esa norma, que puede ser herramienta fundamental para empezar a desarmar el sentido común machista enquistado en la provincia. Además es una de las tres provincias que no tiene ni aplica protocolo frente a los casos de aborto no punible. ¿Qué lugar ocupan las mujeres y disidencias en la agenda del gobierno correntino? La coreografía de los malandras no podría haberlo reflejado mejor.