Los comités de usuarios y usuarias decidieron introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el recurso de amparo con el cual esperan que les sean restituidos sus derechos, luego que Directv decidiera salir del aire del espectro radioeléctrico sin previo aviso.
La información fue ofrecida este miércoles por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz.
“Que se garantice que el servicio que se venía prestando se restituya para los venezolanos porque mucho más allá del incumplimiento del contrato está el tema del incumplimiento de normas constitucionales”, dijo Díaz en transmisión de VTV.
La constituyente destacó que esta compañía transnacional implementó una medida unilateral, ilegal e inconstitucional dado que violó la Constitución nacional en sus artículos 57 y 58 y las leyes orgánicas derivadas, lo que afectó a 45,32% del mercado de difusión por suscripción, lo que equivale a 6,5 millones de usuarios y usuarias afectados.
“Están violando además la Ley de Responsabilidad Social y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones lo que amerita persecución penal por parte del incumplimiento de las condiciones de la concesión que ellos tienen”, aseguró.
Calificó de ridículo el argumento de la empresa al decir que deja de operar en Venezuela porque han cambiado las condiciones jurídicas, cuando la carta magna es la misma y las leyes de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones que datan de 2005 y fueron modificadas en 2011.
«Directv no tiene tres días en el país, tiene más del 45 % del mercado de difusión por suscripción, y es ridículo pensar que cambiaron las condiciones”, enfatizó.
Acciones ante la OMC
Explicó que con el amparo introducido ante el máximo tribunal venezolano también se espera que se haga respetar el principio de soberanía que rige en las contrataciones internas entre los países.
Adelantó que por la transgresión de normas en el área comercial se podría elevar una denuncia ante organismos internacionales.
“Además ellos están violando normas de carácter comercial y pudiera estarse pensando en una demanda a nivel internacional ante la Organización Mundial del Comercio, inclusive en la propia sede donde funciona la casa matriz”, adelantó.
Dictadura mediática
La empresa, prosiguió Díaz, ya está mudando sus operaciones hacia Colombia, con la intención de que los venezolanos se informen de los acontecimientos internos a través de un tercero, esto en medio de las amenazas a la integridad territorial y demás presiones que ejerce la administración de Donald Trump contra Venezuela.
“No pueden decir que es una responsabilidad del Estado, es una medida de fuerza asimetría y lo primero que buscan es tomar las telecomunicaciones, para incidir e imponer una dictadura mediática intempestivamente, cercenando el derecho y acceso a la comunicación”, afirmó.
T/Sandra Izarra
F/Archivo
V/VTV