Casi 30 años después del asesinato de seis jesuitas españoles en el campo de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, por un escuadrón de élite del Ejército salvadoreño, uno de los acusados de la masacre está más cerca de sentarse en el banquillo frente a un juez español.
Una jueza estadounidense aprobó este mes la extradición a España del excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, una «victoria procesal» para la parte querellante y un empujón para la justicia universal, limitada por el Gobierno español en 2014.
«Este es un tema muy importante porque con la reforma de justicia universal, muchos están muriendo procesalmente y esta causa es de las pocas supervivientes de la reforma brutal del PP», afirma Eva Gimbernat, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). La ONG interpuso una querella ante la Audiencia Nacional, junto al Center For Justice and Accountability (CJA), en 2008 para que se juzgara a los responsables del crimen, «que tuvo un juicio fraudulento en El Salvador», destaca Gimbernat.
El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del Ejército salvadoreño irrumpió en la jesuita Universidad Centroamericana y asesinó a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría (rector de la institución), Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López, además de a la cocinera Elba Julia Ramos y a su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.
Los hechos tuvieron lugar en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), en la que el mismo batallón perpetró el asesinato de unos 1.000 campesinos salvadoreños en El Mozote, Morazán (al nordeste del país), de acuerdo con un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993.
El Salvador juzgó el asesinato de los jesuitas en 1992: los tribunales nacionales condenaron a dos personas, el coronel Benavides y el teniente Yussi Mendoza, a 30 años de cárcel, pero un año más tarde fueron absueltos gracias a una ley de Amnistía, que protege a los involucrados en delitos durante el conflicto armado del país. «La Ley de Amnistía de 1993 viola las obligaciones internacionales que tiene el Salvador. Ya le han recomendado desde la ONU que la deroguen», indica Eva Gimbernat. La abogada recuerda que ciertos crímenes, como los de lesa humanidad, no pueden ser amnistiados.
«Ese juicio se ha demostrado que fue fraudulento», prosigue, y es lo que llevó a la APDHE a acudir al principio de justicia universal ante los tribunales españoles, en el que se conoce como el Caso Ellacuría. «Ojalá no hubiéramos tenido que iniciar la querella en España».
Su denuncia ha sobrevivido al recorte de la justicia universal del Gobierno de Rajoy «porque se ha conseguido que la calificación jurídica sea la de ‘asesinatos terroristas” contra ciudadanos españoles, explica Gimbernat. Además, el Tribunal Supremo ha reconocido que el juicio de El Salvador, donde ocurrieron los hechos, no tuvo todas las garantías.
LAS NOVEDADES EN LA CAUSA
Aunque el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, que instruye el caso, había emitido órdenes de extradición para varios militares salvadoreños desde 2011, la Corte Suprema del país rechazó su competencia para que se ejecutaran las detenciones. En agosto de 2015, una nueva decisión de la Sala de lo Constitucional del mismo tribunal cambió su valoración: reconoció «el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley».
Este febrero Velasco reiteró las órdenes de captura internacionales contra 17 militares con fines de extradición y, ahora sí, las autoridades de El Salvador han perseguido a los responsables. La Policía ha detenido a cuatro militares (el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez). El resto se encuentran prófugos de la justicia, según han apuntado las autoridades del país. Por su parte, una jueza estadounidense dio luz verde a la extradición a España del exviceministro Inocente Montano, tras pasar 21 meses en prisión por un delito sobre su situación migratoria en el país norteamericano.
Para Eva Gimbernat estos últimos avances son «un precedente en crímenes internacionales y de justicia universal». La abogada indica que ahora es la justicia de El Salvador la que debe pronunciarse sobre si el país debe extraditar o no a los cuatro militares detenidos. De aprobarse, Gimbernat indica que la oportunidad de que la Audiencia Nacional juzgue a los cinco detenidos –incluido Inocente Montano– sería «muy favorable para otros procedimientos similares».
En El Salvador, la derecha se está movilizando y exige a la justicia que no apruebe la extradición de los detenidos con el argumento de que esta maniobra reabrirá las heridas del conflicto interno y puede poner en riesgo los Acuerdos de Paz de 1992. Un grupo de exministros de Defensa y antiguos miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas también han expresado que si Estados Unidos extradita hacia España al exviceministro de Defensa Montano se «inmiscuiría» en la justicia de este país centroamericano.
RESPALDO A LA JUSTICIA UNIVERSAL
Al igual que Gimbernat, el abogado Manuel Ollé, director del equipo jurídico de la APDHE, ha destacado que «este caso está enviando un mensaje a la comunidad internacional: los juicios trampa o los juicios teatro para aparentar la realización de la Justicia son fraudulentos y por tanto nulos».
Javier Chinchón Álvarez, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y director de Investigación de Rights International Spain, también considera que el principio de justicia universal sale fortalecido con las últimas novedades del Caso Ellacuría. «El principio de justicia universal descansa en la idea, moral pero también jurídica, de que hay determinados crímenes que atentan contra la Comunidad Internacional en su conjunto, contra todos y cada uno de nosotros. En consecuencia, sus responsables han de ser juzgados, y sus víctimas obtener el amparo de la justicia, en cualquier tribunal del mundo».
Chinchón Álvarez considera que las últimas detenciones «son una noticia que debe llenarnos a todos de alegría y esperanzas tras tantos años de sufrimiento y dura pelea» en la defensa de la justicia universal. «Desde Rights International Spain lo hacemos sin reservas», subraya. «Es muy importante sobre todo después de estos años en que hemos asistido al progresivo y constante intento de desmantelar el principio de jurisdicción universal en España, bajo todo tipo de alegaciones formales, entre ellas, que este tipo de causas no tienen ningún sentido ni utilidad. Que a nadie se detiene nunca y menos aún se le extradita».
El CJA, también querellante en la causa, recordó en un comunicado lo que significan estas últimas decisiones judiciales para las familias de las víctimas. «El hecho de que el Coronel Montano pueda ser juzgado en España no cura el dolor, pero es una victoria para todas las personas que buscan justicia», afirmó Carlos Martín Baró, hermano del jesuita Ignacio Martín Baró.