El Gobierno Bolivariano aprobó este martes más de 1.9 millardos de bolívares (1.955.336.434)

La información la suministro a su salida del Consejo de Ministros número 806, realizado en el Palacio de Miraflores (casa de Gobierno), donde detalló que del total de este monto, mil cuatrocientos cinco millones trescientos mil ciento ochenta y nueve bolívares (Bs. 1.405.300.189,00) fueron destinados para el incremento de la  capacidad eléctrica en el país.

Agregó que el dinero, que será administrado por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se invertirá en la represa Manuel Carlos Piar en Tocoma y en Termozulia III.

Jaua informó, por otra parte, que trescientos cincuenta millones novecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y cinco bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 350.956.135,32), fueron destinados para un plan de adecuación del Fuerte Guaicaipuro, ubicado en los Valles del Tuy del estado Miranda, a fin de fortalecer la defensa de la Nación.

Asimismo, anunció que ciento noventa y nueve millones ochenta mil ciento diez bolívares (Bs. 199.080.110,00), serán invertidos en la instalación de 35 ascensores en edificios del Centro Simón Bolívar y Parque Central,   para beneficiar a quienes hacen uso de las instalaciones de las torres y a las y los habitantes del conjunto residencial que forma parte de dicho complejo.

Texto/Francisco Moreno
Foto/Archivo

Tras finalizar el Consejo de Ministros número 806, realizado en el Palacio de Miraflores,Varela anunció que este plan, aprobado en la reunión de este martes, contempla la inauguración de varios talleres que permitirán la incorporación de los privados de libertad a actividades productivas.

Explicó que el mismo será ejecutado en tres fases: la primera estará centrada en la reactivación de todos los talleres (panaderías, carpinterías, cerámica, entre otros), la segunda fase estará enfocada en la incorporación de los privados de libertad a la actividad productiva, mientras que la última etapa comprenderá la creación de talleres de servicios automotrices.

“La idea de los talleres de servicios automotrices es que cada privado de libertad que salga tenga un puesto de trabajo productivo”, apuntó.

Por último, destacó que en el centro penitenciario Yare II será inaugurado un taller de carpintería; en el Internado Judicial de Aragua (Tocoron) un taller textil y una panadería; mientras que el Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales será puesta en funcionamiento una bloquera.

Texto/Yenderth Alcalá
Foto/Captura VTV

A partir de esta semana, la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme lanza nuevas piezas audiovisuales en el marco de la campaña que viene impulsando desde el año pasado denominada: “Desarma la Violencia, ¡Anótate a la Paz!”.

Como parte de la primera etapa de esta campaña, ahora se suman al engranaje de mensajes a favor de la paz los protagonistas populares y las comunidades representadas en los estudiantes, niñas y niños, campesinos, transportistas, comerciantes, maestras y maestros, deportistas y músicos, quienes se expresan ante el problema de la violencia con armas de fuego.

“Algunas personas pensaban que un arma les daría poder, otras que con un arma estarían seguras”, son algunas de las reflexiones que la Comisión Presidencial para el Desarme expresa en estos mensajes para que todos y todas comprendan que cualquiera puede ser víctima de un arma de fuego y que es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad.

Con estos mensajes la Comisión Presidencial invita a que Venezuela se anote a la paz para darle “un alto a la violencia”, participando en el proceso de Consulta, desde el cual todos los sectores sociales pueden actuar y ser protagonistas en la construcción de una política pública que apunte a un control de armas y municiones efectivo y que conduzca al desarme de la población.

En declaraciones ofrecidas por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, durante la sesión plenaria de la Comisión Presidencial el miércoles pasado, se pudo conocer que esta etapa de la campaña viene a profundizar mensajes de sensibilización y concientización en torno al uso y tenencia de armas de fuego.

El titular para las Relaciones Interiores y Justicia invitó a “todos los medios de comunicación a que se anoten a esta campaña, que es anotarse a la paz”. En este sentido, hizo un llamado especial a los “dueños de medios privados” a asumir la responsabilidad junto al Estado en materia de desarme y control de armas y municiones.

Visita la página web: www.comisionpresidencialdesarme.gob.ve y encontrarás más información. También puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @comisiondesarme o Facebook: Comisión Desarme.

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Fuente/Prensa Comisión Presidencial Desarme
Foto/Archivo

El secretario de Seguridad Ciudadana, Erlin Rojas, informó que además recuperaron 1.044 vehículos, hicieron 850 procedimientos policiales y aprehendieron a 2 mil ciudadanos vinculados con diferentes delitos.

Dijo que el plan permitió reducir el índice de homicidios en 5,15% el año pasado, en comparación con 2010.

“Hemos tenido un descenso modesto, pero franco en los homicidios. Desde el 2008 este delito ha ido descendiendo en el estado en un rango entre 5% y 10% anual, lo que indica que las políticas de seguridad han sido acertadas”, apuntó.

Rojas indicó que en esta primera fase del plan, ejecutado en los municipios Linares Alcántara, Mariño, Mario Briceño Iragorry, Lamas, Zamora, Girardot, Sucre y Santos Michelena, se detectaron 39 microterritorios (sectores o barrios) que concentran más del 80% de los homicidios.

En esas zonas permanecen los policías para realizar operativos sorpresas y allanamientos, con sus respectivas órdenes judiciales.

“En los microterritorios se han realizado 17 trabajos puntuales de abordaje, lo que ha permitido que en la última semana del mes de enero los homicidios hayan reducido de 19 a ocho, equivalente a 58% de disminución”, agregó.

Ese abordaje también ha permitido la incautación de más de cuatro kilos de droga en tan sólo una semana.

El secretario de Seguridad dijo que, además de la acción policial, el Estado debe abordar de manera integral los microterritorios para atender el tema del desempleo, la inserción escolar y la carencia servicios públicos, por tratarse de aspectos que abonan la inseguridad.

La segunda etapa del Plan Integral de Seguridad arrancó este martes 7 de febrero para reforzar el trabajo en las zonas con mayor índice de criminalidad detectadas en la primera fase.

Fuente/AVN
Foto/Archivo

Los fiscales 38° nacional auxiliares y 3º de la jurisdicción, Denise Rodríguez, Edgar Angulo y Julimir Vásquez, respectivamente, acusaron al hombre por la presunta comisión de delito de robo agravado y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

En el escrito presentado ante el Tribunal 4° de Control de Vargas, los representantes del MP solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Padrón, quien permanece recluido en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal de El Paraíso (La Planta).

Ahora corresponderá a la mencionada instancia judicial fijar la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

En horas de la mañana del mencionado día, tres hombres, entre estos Padrón, quienes vestían uniformes de la línea aérea estatal, ingresaron a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa para solicitar constancias de trabajo.

Previamente, la compañía de transporte de valores había consignado en la citada dependencia la remesa con los tickets de alimentación del personal de Conviasa.

Los tres hombres habrían sometido a los empleados y cargaron con dos bolsas contentivas de los tickets de alimentación. Cuando se marchaban de las instalaciones, un funcionario de la aerolínea trató de impedir el robo, situación que originó que los presuntos responsables efectuaran disparos, por lo que resultó herido uno de ellos y una trabajadora de la aerolínea.

Como resultado de la investigación, el 20 de diciembre de 2011, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a Padrón cuando transitaba con un vehículo alquilado por la avenida Soublette, a la altura del sector Cerro Caído en la parroquia La Guaira, en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el MP y acordada por el mencionado Tribunal.

Texto/Ministerio Público

El secretario de Seguridad Ciudadana, coronel Erlin Rojas, informó que incorporarán 80 efectivos policiales en esta brigada que trabajará en diferentes turnos, las 24 horas del día, para brindar asistencia vial a las personas que a diario transitan por la autopista.

Dijo que la brigada vial estará dotada por ocho unidades patrulleras, tipo sedan; cuatro motos de alta cilindrada, dos grúas y dos ambulancias que estarán las 24 horas del día brindando seguridad y asistencia vial y médica en la autopista.

“Estas patrullas contarán con una cámara ubicada en la parte delantera del vehículo que grabará el desplazamiento de la unidad y la actuación del funcionario, lo que permite garantizar un procedimiento adecuado, además de colocar a la Policía de Aragua dentro de los estándares internacionales en materia de seguridad”, refirió.

A este plan se incorporará la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que cuentan con puestos de auxilio vial en la autopista, que serán reforzados por la Policía de Aragua.

Además se tiene prevista la incorporación de dos módulos viales fijos de auxilio vial y dos módulos móviles.

El coronel Rojas indicó que la activación de la brigada vial se efectuará en una parada que se realizará en el Parque El Ejército, en Maracay, donde también se dará inicio al Operativo Carnavales Seguro 2012, en el que participarán más de 2.500 funcionarios.

Fuente/AVN

Foto/Captura VTV

Los estados con mayor incidencia criminal son Miranda Carabobo y Zulia, así lo informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, al presentar el Informe de Incidencia Criminal 2011, desde la sede del Mpprij, en la Av. Urdaneta de Caracas.

“En estos tres estado, que no son gobernados por la Revolución sino por los gobiernos de oposición, se ve incrementado el índice de delitos”, destacó El Aissami, al tiempo que indicó que en estos estados ocurre el 48% de los homicidios del país.

Detalló que el balance del mes de enero 2012, en los tres estado ha aumentado el índice de homicidio en comparación con el mismo periodo del año 2011.

En ese sentido explicó que en el estado Miranda se incrementaron los homicidios en 16%, pasando de 199 en enero del 2011 a 231 para el 2012. En el estado Carabobo hubo un incremento de 35% con 152 asesinatos en el 2012, cifra superior a los 113 casos del mismo mes de 2011.

Asimismo, en el occidental estado Zulia se incrementaron los casos en 28%, pasando de 99 homicidios en enero del 2011 a 127 muertes en enero del 2012.

En contraste, dijo que gracias a las políticas de seguridad implementadas en el Distrito Capital, con el trabajo articulado entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el índice criminal disminuyó 11% en la ciudad capital, al pasar de 152 a 135 muertes durante el periodo enero 2011-2012.

Finalmente, el titular del Mpprij informó que durante el primer mes del año 2012, hubo un total de 11 mil 089 delitos, que incluye los principales indicadores delictivos: Homicidios, lesiones personales, hurto, hurto de vehículos, robo, robo de vehículos, violaciones y secuestros.

Explicó que hubo un incremento de 2% de incidencia criminal en comparación con el balance del 2011.

La mayor causa del aumento de violencia criminal en estos estados se debe al “abandono absoluto de las tareas y responsabilidades de sus gobernadores”, por las campañas electrorales que empreden con “unas falsas promesas, supuestos planes y medidas para abordar el tema de la seguridad pública” manifestó el ministro de la cartera de Relaciones Interiores y Justicia.

Exhortó a los gobernadores a aplicar los planes y propuestas que tengan para evitar el incremeto de la incidencia criminal en sus propias entidades, en los que ellos son “gobierno y donde además jefes de los cuerpos de la polícia de cada uno de sus estados”.

El porcentaje de homicidios en estas entidades, en comparación con el año 2011, se incremetó de la siguiente forma:

• Estado Carabobo: 35%
• Estado Zulia: 28%
• Estado Miranda: 16%

APOYARÁN CON LA PNB

“Si ustedes no son capaces de trabajar en función de garantizar la vida de nuestro pueblo, nosotros estamos en la disposición de asumir la transferencia de las polícias regionales de estos tres estados” para transformarlas y convertilas en policías nacionales y brindarles la seguridad a Carabobo, Miranda y  Zulia “que han sido severamente afectados por la ausencia de Gobierno Regional que hay ahí”, destacó.

Finalmente, informó que este año se desplegará la Polícia Nacional en esos tres estados, para asumir las responsabilidad desde el Gobierno Nacional, no solamente para evitar “estos lamentables hechos, sino que también, porque notamos una permamente política de saboteo contra los planes rectores de seguridad que temprende el Gobierno Bolivariano”.

Texto/Ricardo Rojas y Dilia Ardila
Foto/Captura VTV

Magistrado Tulio Jiménez

Al día de hoy, la Corte Disciplinaria Judicial tiene en proceso unas 800 causas contra jueces: 593 se iniciaron desde septiembre de 2010, y 200 fueron heredadas de la comisión de reestructuración del poder judicial. Los señalamientos provienen de todas partes del país, informó el presidente de la institución, Tulio Jiménez.

El ámbito penal es el que más está bajo la lupa. Hasta noviembre pasado sumaba 200 denuncias; le seguían la jurisdicción civil, con 102; y la laboral, con 21.

“He llegado a la conclusión de que las juezas y los jueces son los funcionarios más denunciados de este país; seguramente, por el tipo de labor que desempeñan”, comentó Jiménez. Pero “nuestro planteamiento es que las causas serán tramitadas de acuerdo con los elementos de juicio que hay allí; no vamos a someter a los jueces a procesos sin fundamentación”.

Puso el ejemplo del retardo procesal, uno de los elementos más denunciados aunque “muchas veces no tiene que ver con la actuación de los jueces”, sino que se puede dar por diferentes razones.

-¿Por qué piensa que la jurisdicción penal es la más cuestionada?

-Es la que más se presta para que haya denuncias en contra de los jueces. La responsabilidad del juez penal y la sensibilidad que se tiene con respecto a la materia que tratan, hace que sea así.

-¿Qué ocurrirá con esas causas?

-Todas las debemos procesar, pero eso no quiere decir que los jueces van a ser suspendidos. La suspensión es una excepción. Hay jueces que tienen un tiempo largo suspendidos, y estamos buscando resolver las causas. Ya han comenzado a salir algunas decisiones al respecto.

Jiménez enfatizó que la suspensión sin goce de sueldo no debe pasar de 60 días, con 60 días de prórroga, “y aquí hay personas que tienen dos años así”. Por ello, una de las prioridades de la Corte es tomar una decisión sobre estas juezas y jueces, y en los casos nuevos que requieran suspensiones “debemos ajustarnos a los lapsos de la ley”. Como ahora también se puede impedir que ejerzan como abogadas y abogados, las autoridades de la Corte se proponen evaluar la eliminación de esta medida.

CAMPAÑA EN CONTRA

Algunos medios de comunicación han emprendido una campaña contra la Corte, acusó Tulio Jiménez. “Realmente es sobre noticias que no tienen ningún fundamento, y que buscan causar daños, descalificando, aseverando cosas que no tienen ningún asidero”, resumió.

Se ha dicho “que una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia visita con frecuencia la jurisdicción disciplinaria, y resulta que nunca ha venido por aquí. También se han hecho descalificaciones contra los jueces desde el punto de vista académico”, señaló.

En el mundo del Poder Judicial hay muchos intereses, “y algunos no son santos”, admitió el presidente de la Corte.

Por ello “nos llama la atención que haya una campaña, todas las semanas, atacando a esta jurisdicción sin ningún tipo de fundamento. Allí esta nuestra gestión, nuestros esfuerzos”, y se mantiene la decisión de trabajar “para que nuestras actuaciones estén ajustadas a derecho y al servicio del país”.

-¿Hay alguna razón para cuestionar lo que ha hecho la Corte hasta ahora?

-Sinceramente no creo. Creo que lo que hemos hecho hasta ahora está ajustado a derecho, y cuando lo hacemos es procurando no cometer errores, aunque pudieran presentarse en el camino.

Esta jurisdicción es nueva, recordó. En consecuencia “todavía hay cosas que ajustar, pero creo que hemos avanzado bastante. Ya estamos en pleno funcionamiento, ya empezaron las primeras audiencias y a salir las primeras decisiones. Estamos recibiendo denuncias constantemente, y tenemos una buena cantidad de causas en proceso”, resumió Jiménez.

La Corte le da tranquilidad a las juezas y los jueces, que ahora saben que sólo pueden ser removidos mediante un procedimiento bien establecido, y que no se les someterá a una suspensión indefinida, sintetizó Jiménez. “Les da una seguridad jurídica que antes no tenían; por eso creo que la entrada en vigencia de la jurisdicción trajo tranquilidad para los jueces en el ejercicio de sus funciones”.

T/ Vanessa Davies
F/ Luis Franco

Para este proceso fueron designados los fiscales 43° nacional y el 4° de ese estado, quienes coordinan las actuaciones respectivas realizadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó el MP mediante nota de prensa.

El alcalde Bello y el director de la policía del municipio Pariaguán iban a bordo de una camioneta Gran Cherokee cuando fueron interceptados por un vehículo Mazda, modelo Allegro, del cual se bajaron varios hombres armados, quienes sin mediar palabras comenzaron a disparar contra el carro.

El funcionario Oraste repelió los disparos, sin embargo, ambos resultaron heridos. El alcalde recibió cuatro impactos de bala, mientras que el director de la policía fue alcanzado por dos proyectiles.

Los agresores huyeron del lugar a bordo del vehículo Mazda, el cual fue hallado más tarde, totalmente quemado, en la calle 10 del sector Ciudad Tablita, en El Tigre.

Según informó el alcalde Bello a la prensa regional, en noviembre del pasado año pasado fue objeto de un presunto atentado, cuando de desplazaba en una camioneta por el sector San José, de El Tigre.

“A pocas cuadras de la vivienda de (Jesús) Pacheco (su chofer), fui perseguido e interceptado por los ocupantes de un auto Sedán, de color claro. El conductor bajó el vidrio y comenzó a disparar” contra el vehículo, relató.

En esa oportunidad, el mandatario local se dirigía a la casa de su chofer, pues tenía previsto viajar a Soledad para reunirse con la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y con el gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab.

Fuente/AVN

Magistrado Tulio Jiménez

Durante la apertura del año judicial 2012, el presidente Hugo Chávez, orador de excepción en esa jornada, instó a reformar las leyes y códigos que se quedaron en el pasado; incluso, puso a la orden sus poderes habilitantes para apurar las transformaciones.

Tulio Jiménez, presidente de la Corte Disciplinaria Judicial, estima que las palabras del Mandatario mostraron su disposición a colaborar “en función de obtener un sistema de justicia acorde con los tiempos que vivimos”.

A su juicio, el Código Penal no aguanta más reformas, y se precisa uno nuevo. Jiménez, quien condujo la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional cuando fue diputado, dejó listo un proyecto de Código Penal “ya listo para primera discusión”. En su opinión, ha habido una mora en el Parlamento, que no ha afrontado estas discusiones.

Pero no es sólo el Código Penal el que se sienta en el banquillo de los acusados. El Código Civil “es obsoleto”; también lo es, en su opinión, el Código de Justicia Militar. “Todos deben ser reformados, o se deben hacer nuevos códigos, porque tenemos códigos vetustos y no adaptados a los tiempos modernos”, subrayó, en entrevista con el Correo del Orinoco.

El penal, en particular, se ha convertido en algo “casi inmanejable” para juezas y jueces, abogadas y abogados, evalúa el presidente de la Corte. Por ello, la iniciativa del presidente Chávez “es loable y conveniente desde todo punto de vista”.

-¿La Habilitante debe ser la vía?

-Es una de las vías. El Presidente tiene esa potestad por mandato constitucional y con base en la habilitación que le dio la Asamblea Nacional. Pero si no es así, el Parlamento debería darle prioridad a esta tipo de trabajo, que es largo, que es arduo, pero que se requiere y que debe concretarse, porque se han dado avances.

El Código Penal actual ha sido remendado en varias oportunidades, reconoce Jiménez, “y han surgido leyes colaterales que hacen que el derecho penal sea difícil de manejar”. Además, no regula materias que no fueron aprobadas porque no existían cuando fue aprobado, tales como la genética y la informática.

No es necesario partir de cero, insiste, porque hay papeles de trabajo, proyectos y otros documentos.

La Corte Disciplinaria Judicial está dispuesta a apoyar este proceso. “Creo que nosotros podemos contribuir con el saneamiento del Poder Judicial con nuestras decisiones”, y de hecho “ya lo estamos haciendo”, argumentó.

SIN TEMOR A LOS TEMAS TABÚ

Jiménez puntualizó que hay algunos temas que deben ser debatidos sin temor para poder ajustar el Código Penal a los requerimientos del país. Uno de ellos es el de la interrupción del embarazo, que genera una gran polémica. “Es uno de los puntos sobre los cuales hay temor”, pero igualmente deben ser abordados, acotó. ¿Otros asuntos espinosos, por el forcejeo entre los sectores progresistas y los conservadores? “La eutanasia, que se discutió muchísimo” cuando la AN se planteó la reforma.

TAMBIÉN EL COPP

La semana pasada, el Jefe del Estado hizo alusión al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), y sugirió una reforma puntual. “Creo que hay que hacer una revisión definitiva, porque también se han puesto remiendos” a un instrumento legal que todavía no cumple 20 años.

En opinión de Jiménez, “hay que adaptarlo a la realidad, porque como muchos han señalado, ese código no está adaptado a nuestra realidad”. Aun cuando advierte que no es experto en derecho penal, el presidente de la Corte asoma que hay demasiadas trabas para los juicios, “y que se deben dar herramientas a la jueza y el juez para que tengan la posibilidad de arbitrar los casos que se presentan con mayor premura”.

Por ello “la reforma debe hacer los juicios más expeditos, más eficaces, sin tantas trabas. Creo que por allí debe darse el cambio”, lo que no implica una “justicia exprés”.

CONCURSOS, PROBIDAD Y BUENA REMUNERACIÓN

Para Tulio Jiménez, otro elemento fundamental en la reforma del poder judicial es la selección de juezas y jueces mediante concurso, lo que implica “incidir sobre la formación de las personas que esperan ser juezas y jueces”. El país requiere “jueces probos, bien formados, justamente remunerados. Necesitan tranquilidad económica, porque para administrar justicia se necesita tener la cabeza despejada, pero también porque son funcionarios expuestos a la tentación”.

Igualmente se debe realizar un esfuerzo especial para reforzar la formación de juezas y jueces.

No obstante, pese a las críticas, sí se han registrado cambios favorables “y la diferencia es del cielo a la tierra” si se compara con el pasado reciente. “La automatización de los tribunales es un hecho, y permite hacer las cosas de manera más rápida. Han ocurrido avances en varias jurisdicciones”, resaltó.

DIFICULTADES PARA LA JUSTICIA

El presidente Hugo Chávez, durante su participación en el acto de apertura del año judicial del Tribunal Supremo de Justicia

En sus palabras del pasado martes, el Jefe del Estado llamó la atención, cordialmente, sobre el

funcionamiento de la jurisdicción penal.

“Hay muchísimos factores que inciden en el proceso penal”, precisó Jiménez. “La falta de fiscales y de defensores hace que las audiencias se posterguen de manera muy frecuente. En algunos casos la cuestión administrativa, el simple traslado de un procesado, causa retardo”, describió. “La mayoría de las veces no pueden coincidir fiscal, defensor, juez en un mismo acto, porque no se dan abasto”.

Además, “muchas veces quien determina quién va a los tribunales es el pran” o jefe de las mafias carcelarias. “Es una cosa que no hemos podido erradicar aunque se están haciendo inmensos esfuerzos”.

A veces, el examen psicotécnico que se le debe practicar a la persona a quien le corresponde un beneficio “impide que se le dé la libertad”.

Para Tulio Jiménez, hay algunos aspectos del ámbito carcelario que deben ser modificados: “Creo que la pernocta de familiares de los presos en los centros penitenciarios hay que revisarla, porque ha traído demasiados inconvenientes: heridos, muertos”. Es “un problema muy serio”, concluyó.

MUNICIPALIZAR LA JUSTICIA

En líneas generales, el sistema de justicia necesita más juezas y jueces, más fiscales, más defensoras y defensores, enumeró Tulio Jiménez.

“Llevar la justicia penal a los municipios es un gran acierto”, que incluso factores de oposición avalan, afirma. “Claro que es viable”, asegura, aun cuando esto implica, no sólo, tener juezas y jueces en los municipios, sino todas las “patas de la mesa” de la administración de justicia.

REGISTRO NACIONAL DE JUEZAS Y JUECES

A la Corte Disciplinaria Judicial le corresponde llevar un registro de las juezas y jueces del país, con datos sobre su desempeño. “Está casi listo. Lo anunciaremos pronto”, adelantó Tulio Jiménez.

T/ Vanessa Davies
F/ Luis Franco