Altos funcionarios del gobierno argentino pusieron este martes al desnudo lo que calificaron de desquicio administrativo absoluto en la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional, dos cuerpos de seguridad cuyas cúpulas fueron relevadas hace una semana.
Hay un gran descalabro en la liquidación de los sueldos como resultado de la existencia de un sistema de «judicialización» de haberes y de una acusada distorsión salarial, coincidieron en señalar el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Hemos constatado, y eso ha dado lugar a acciones judiciales, modalidades de pago que presentaban gigantescas y enormes deficiencias que se hacían anárquicas, indicó Abal Medina, quien subrayó que la situación es peor de lo imaginada.
En ese sentido denunció la presunta existencia de un grupo de jueces que en connivencia con un reducido número de estudios judiciales y algunos mandos de las fuerzas habían montado para beneficio propio lo que llamó una industria del juicio.
La totalidad de las cúpulas, tanto en Prefectura como en Gendarmería estaban «judicializadas», así como 97% de los comandantes mayores y 94% de los prefectos mayores, indicó por su parte Lorenzino.
El titular de Economía insistió en que gran parte de la masa salarial de ambas fuerzas se explica fundamentalmente por medidas cautelares, que sólo en agosto pasado significaron para el erario una erogación de unos mil 500 millones de pesos (alrededor de 320 millones de dólares).
En la conferencia de prensa conjunta, los altos funcionarios se refirieron a los beneficios que para ambos cuerpos supondrá la correcta aplicación del decreto presidencial 1307, lo cual redundará -aseguraron- en un aumento sustancial de los sueldos.
Hace una semana, efectivos de la Prefectura Naval iniciaron una protesta a la cual se sumaron luego los gendarmes para denunciar recortes de entre 30 y 60% en sus haberes, presuntamente como resultado de la puesta en práctica del referido resolutivo.
En la ocasión, el propio Abal Medina atribuyó los desajustes a la «desastrosa» aplicación del decreto y reconoció que existían «serias sospechas de que se está usando a los (efectivos) de más abajo como carne de una maniobra por los que quieren mantener sus privilegios».