La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) sostuvo que los dirigentes del Gobierno y de la oposición deben “considerar la extrema gravedad del momento presente” e insistieron en que “la salida de la crisis es clara: el diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad, y con gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria rectificación”. En este sentido “consideramos oportuna y de gran valor la participación de la Santa Sede en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. El pueblo venezolano apreciará en sumo grado dicha participación y sabrá reconocer el valioso aporte de la Iglesia”.
En un mensaje dirigido “a todos los venezolanos, cualquiera sea su simpatía política”, la CEV estima que “el Gobierno se equivoca al querer resolver la crisis por la fuerza. La represión no es el camino. Con ella no ha podido evitar las manifestaciones de protesta ni dar respuesta al descontento y la rebeldía de la gente”.
Exhortó al Gobierno y a la oposición “al dialogo y a poner todo su esfuerzo por construir nuevas relaciones basadas en el mutuo reconocimiento, la reconciliación y la búsqueda de la normalización de la situación nacional”.
CRÍTICAS
La CEV estima que “causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria”. Para la jerarquía católica, el plan escondería “la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión”, entre otros elementos que puso en el tapete en la rueda de prensa de ayer.
Los obispos insistieron en que las y los estudiantes opositores y otros manifestantes que actúen de manera pacífica “ejercen su legítimo derecho, previsto en la Constitución, y merecen, por tanto, todo respeto. Las manifestaciones se han visto a veces empañadas por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y destrozos en instituciones y propiedades. Es difícil señalar el origen de todos ellos, pero es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas y provocar su condena”.
La Conferencia enfatizó que “el empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así como la quema de vehículos particulares y de servicio público, crean una situación que no se debe aceptar ni aplaudir”.
Para la CEV es fundamental que el Ejecutivo “desarme a los grupos civiles armados”, y sostiene que “no se trata de grupos aislados o espontáneos”.
La jerarquía católica lamentó tanto los asesinatos de civiles como los de Guardias Nacionales ocurridos en las manifestaciones. “De igual modo rechazamos la criminalización de la protesta ciudadana y la negación práctica de los derechos humanos en el trato a los manifestantes”, expresaron.
También llamaron la atención sobre lo que calificaron como “la restricción de la información, tanto en la prensa como en los medios radioeléctricos”, y señalaron que esto “atenta contra el derecho del pueblo a estar bien informado y también contra la posibilidad de que se conozca la verdad de los hechos y se sancione a los culpables”. Por otra parte, reiteraron que una comisión de la verdad “que sea plural y que genere confianza en los ciudadanos” puede ser “una gran ayuda”.
La CEV convocó a las católicas y los católicos “a ofrecer a Dios el ayuno del próximo Viernes Santo en solidaridad con todas las familias que lloran a sus seres queridos, pidiendo para ellas consuelo, esperanza y fortaleza espiritual”.
El documento fue suscrito por el cardenal Jorge Urosa, presidente de honor de la CEV; Diego Padrón, presidente de la CEV; José Luis Azuaje, primer vicepresidente de la CEV; Mario Moronta, segundo vicepresidente de la CEV; Jesús González de Zárate, secretario general del organismo.