La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó un proyecto de ley que sanciona con penas efectivas los delitos de alta connotación social y busca aumentar la capacidad disuasiva del sistema penal.
«Hoy estamos dando un paso muy importante para concretar uno de nuestros anhelos fundamentales como sociedad, que es poder sentirnos seguros en nuestras casas, calles, barrios y ciudades», dijo.
Acompañada por los ministros de Interior, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda, Alberto Arenas, y de Justicia, José Antonio Gómez, rubricó el documento que modifica el Código Penal y otras normas.
La Jefa de Estado expresó que se busca la aplicación verdadera de las condenas establecidas.
En este caso, citó violaciones como asaltos, robos con armas, hurtos en los hogares y locales comerciales y en el transporte público, para los cuales se pretende que el juez aplique la pena determinada sin establecer atenuantes.
Con el envío de este proyecto estamos enfrentando decididamente los delitos más comunes, aquellos que cada día amenazan la seguridad de las personas en la calle, en el transporte público, en sus casas, subrayó.
En el proyecto se prevé que quienes sean condenados por robos con violencia por primera vez, deberán cumplir al menos un año de presidio efectivo antes de aplicarse penas alternativas, como la libertad vigilada.
En el caso de los reincidentes en los robos violentos contra las personas y en los hogares, deberán cumplir penas sobre los siete años, sin beneficios, indicó una nota de prensa de la Presidencia.
En segundo lugar, el plan refuerza las atribuciones de la policía para investigar y entregar pruebas a los tribunales, y de los fiscales para perseverar en las causas hasta encontrar y condenar a los culpables.
La lucha contra la delincuencia es una tarea de todos, sin diferencias políticas, en la que debemos por sobre todo, proteger a las víctimas y el derecho a vivir en barrios, en calles y en casas más seguras, concluyó la mandataria.