La propuesta de un segundo retiro de fondos de pensiones por los contribuyentes genera en Chile un nuevo debate entre gobierno y oposición, en términos similares a lo ocurrido hace dos meses.
Este jueves, el ministro portavoz, Jaime Bellolio, terció en el asunto, y aunque dijo que el gobierno entiende la urgencia de muchas personas por tener ingresos para enfrentar la crítica situación económica ocasionada por la pandemia de Covid-19, hacerlo nuevamente dejara a muchos sin recursos para enfrentar su vejez.
En cambio, llamó al Congreso a aprobar una ley sobre pensiones impulsada por el Gobierno y que duerme en el Senado, si se quiere mejorar las jubilaciones en Chile.
La víspera, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó el debate de un proyecto de reforma constitucional que busca un segundo retiro del 10 por ciento de sus dineros a los afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), impulsado por la diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, y otros dos legisladores independientes.
Esa iniciativa tiene los mismos presupuestos que una reforma anterior, que triunfó luego de duros debates en el parlamento, donde el gobierno sufrió una dura derrota luego que un gran número de los legisladores oficialistas la respaldaran.
En aquella ocasión el gobierno, contra el mayoritario respaldo popular a la medida, llegó a alegar que esta tendría efectos devastadores sobre la economía, aunque para muchos ese rechazo era una defensa a ultranza de las AFP, criticadas por amplios sectores sociales y consideradas un ejemplo del modelo neoliberal chileno.
Sin embargo, a la larga ocurrió todo lo contrario, pues salieron a la circulación más de 15 mil millones de dólares que ayudaron a millones de chilenos a capear la crisis ante la falta de ayudas sustanciales del gobierno, y resultaron un balón de oxígeno a la economía del país golpeada por la los efectos de la pandemia.
Ahora la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, insistió en casi los mismos argumentos que la vez anterior y alegó que este segundo retiro presenta problemas de constitucionalidad, y que tendrá un impacto limitado porque muchas personas ya no tienen fondos que sacar.
Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la primera vez más de nueve millones de personas retiraron el 10 por ciento de sus fondos y el 20 por ciento de ellas sacaron todo lo que tenían ahorrado.
Por su parte, la diputada Jiles, promotora de la iniciativa, considera que el Gobierno ‘no puede decir que se va a incendiar Chile o que es un proyecto regresivo, pues hasta los dueños de los bancos han felicitado el efecto que produjo en la economía el primer retiro’, y pidió legislar rápidamente para que el proyecto sea aprobado a principios de diciembre.
Asimismo consideró que la propuesta tiene un creciente respaldo en las bancadas de oposición, incluso entre legisladores que en un principio mostraron reparos en llevar adelante un nuevo retiro de fondos.
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