Las sesiones se extenderán hasta el 1 de julio|China avanza en leyes de seguridad cibernética y nacional

La máxima legislatura china estudia un proyecto de enmienda a la Ley Penal, dirigido a avanzar la seguridad cibernética y nacional.

La revisión de dicha legislación fue entregada para su primera lectura al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, durante las sesiones que se extenderán hasta el 1 de julio.

El proyecto de ley, artículo 68 sobre la seguridad cibernética, sugiere mecanismos para garantizar la infalibilidad de los productos de Internet, servicios, operación, datos de red e información.

Los asambleístas también reflexionan sobre la implementación de una ley relativa a las actividades y activos de China en el espacio, en el fondo marino internacional y en las regiones polares, para mejorar aun más el marco jurídico que protege la seguridad nacional.

Otro aspecto a analizar es la respuesta y defensa contra las amenazas nucleares y otros ataques que se intensificaron en los últimos tiempos.

De acuerdo con los legisladores, los programas de formación y financiación del terrorismo enfrentarán más de cinco años de prisión, además de multas y confiscación de bienes.

Entre otros aspectos propuestos a examinar figura la seguridad en el autobús escolar. Los conductores de los vehículos para estudiantes que lleven sobrecarga de personal o exceso de velocidad pueden ser encarcelados, según el proyecto de enmienda.

Con respecto a los cultos, los parlamentarios plantearon imponer un castigo más severo para quienes participan en actividades supersticiosas que obstaculizan la aplicación de leyes y reglamentos. Sobre medidas de control de la contaminación del aire, pidieron penas más estrictas en la regulación de las emisiones de los barcos.

En otro aspecto, pidieron que todos los funcionarios elegidos o nombrados por las asambleas populares y sus comités permanentes, tanto a nivel nacional como local, deben jurar un compromiso público de fidelidad a la Constitución mientras asumen el cargo.

Dicha sugerencia afectaría también a oficiales del Estado designados por los gobiernos, tribunales y fiscalías populares en todas sus escalas.

Texto/Prensa Latina