El portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña (España), Jordi Turull, no ha tenido reparos en responder con descaro a las advertencias del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lanzadas en su discurso durante la apertura del año judicial. Ante la firmeza que promete Maza, el dirigente del Govern le ha emplazado a “que se lea la ley” porque “convocar un referéndum no es delito”.
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Turull ha replicado al fiscal general que “debería saber que convocar un referéndum no es delito”, a pesar de que alguien quiso que lo fuera mediante en el año 2003. El portavoz se refería a la ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal, en cuyo artículo 506 bis castigaba con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum. Pero la disposición fue recurrida y anulada en sentencia del 5 de julio de 2011.
“El TC, en sentencia del 5 julio de 2011 rechaza la reforma del PP para intentar que fuera delito”, ha señalado el portavoz, de manera que “cualquier actuación del fiscal o de cualquier institución del Estado sobre algo que no es delito, atentaría contra el artículo 49 de la carta de UE”, ha advertido. Este artículo señala que “nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o el derecho internacional”.
Por tanto, Rull ha insistido en emplazar a Maza a informarse primero sobre las leyes: “Alguien que demuestra que ni se ha leído la ley… Léase la ley y hablamos. No hay tema”, ha querido zanjar, antes de insistir en que “la convocatoria del referéndum no es delito porque las Cortes españolas así lo dicen y el TC derogó el intento del PP de que lo fuera”. Por el contrario, “algunos sí pueden cometer un delito si persiguen a la gente sabiendo que no hay delito, pero esto es otra cosa”, ha advertido.
“No cederemos” y “convocaremos un referéndum cuando así nos lo ordene el Parlament”, ha argumentado, porque el único delito que cometemos es no hacer lo que dice el PP”. Así, el dirigente ha insistido en que el compromiso con el Parlament es absoluto y con todas las consecuencias y, aunque “se está intentando derivar una cosa que no es delito” prometen ser “leales a los mandatos del Parlament”.
Pero al tiempo que ha mostrado la decisión de su Ejecutivo con la hoja de ruta, ha retado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a fijar “día, lugar y hora” para abordar con la Generalitat el referéndum, y le ha acusado de abordarlo sólo con líderes de partidos estatales como Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs). Aunque ha avalado que Rajoy se reúna con partidos para abordar el proceso soberanista, pero también “estaría bien que hablara con los que quieren hacer el referéndum”.
Turull también ha replicado las amenazas de Hacienda ante la posibilidad de que los ciudadanos paguen sus impuestos estatales a la Hacienda catalana en lugar de hacerlo en la Agencia Tributaria. Ante esta posibilidad, el dirigente se ha cuestionad: “¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora?”. Con esto, el portavoz ha recordado que muchos dirigentes ya abonan sus impuestos a la Hacienda catalana, por el principio de ventanilla única, y es esta la que los deriva a la Agencia Tributaria, de manera que los las instituciones las responsables últimas de esta cuestión, no el contribuyente.
También se ha referido a la polémica generada por el anuncio emitido en TV3 sobre el referéndum. El hecho de que en el espot no se aluda explícitamente al 1-O y se hable del derecho a decidir ha sido usado por el dirigente para negar cualquier relación con el referéndum y, por tanto, rechazar cualquier posibilidad de retirarlo. También ha negado que con él haya comenzado la campaña institucional por el referéndum: “Difícilmente puede comenzar una campaña institucional cuando ni siquiera se ha convocado un referéndum”, ha comentado. De hecho, el dirigente ha desvinculado el anuncio del referéndum del 1 de octubre.
“En el spot no sale ni la palabra ‘referéndum’ ni ‘1-O’”, ha alegado, de manera que el espot se enmarca en el fomento de “valores cívicos” que ponen de relieve “el compromiso de los ciudadanos con su capacidad de decisión”, ha explicado. Por último, ha criticado que Fiscalía esté encima. “Contra quien actuará? Contra Renfe? Quieren que retiramos esto? Quizás esta Fiscalía lo que quisiera es que el anuncio fuera en blanco y negro y con música de fondo más propia del No-Do. Qué delito es estos anuncio? No, hombre no!”, ha descartado.
Por lo demás, Turull no ha querido adelantar ninguno de los pasos que tiene previsto dar el Parlament en la aprobación de las leyes de ruptura y se limitado a expresar su “confianza en el ritmo que los grupos hayan acordado” y a alegar que, “igual Santamaría dice que no va a dar detalles, nosotros a ella tampoco”.
El Poder Judicial ampara a los funcionarios ante el 1-O: “Nadie sufrirá por cumplir la ley”
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha sido muy explícito a la hora de referirse al referéndum del 1-O al garantizar en su discurso en la apertura del año judicial en el acto el amparo judicial a los funcionarios que no colaboren en el pretendido referéndum. En su intervención durante el acto de apertura del año judicial, en la que ha participado el Rey Felipe VI, ha asegurado que “nadie sufrirá por cumplir la ley” frente a las “inaceptables”, ha tachado, “voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución”.
Lesmes ha hecho mención a la cuestión catalana al inicio de su intervención para avisar de que “ningún principio democrático puede amparar que una parte disponga por el todo”, y que “nos corresponde a los jueces amparar los derechos de todos”. Así, ha apostado por “un poder judicial único e independiente” como garantía de que se preservará la unidad y el respeto a la legalidad vigente. “Los jueces ampararán a los encargados de hacer cumplir la ley en cualquier parte del territorio nacional”, ha garantizado.
Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha arremetido contra el “grave quebranto” que pretenden “algunos” en Catalunya con sus planes separatistas, frente a los cuales “la Fiscalía seguirá actuando en defensa estado de derecho”. Maza ha destacado que “la libertad para Cicerón era el sometimiento a las leyes públicas” por lo que “nuestro más asidero es la ley” frente a ese desafío. Así, ha garantizado la actuación “firme y enérgica” de la Fiscalía para preservar “la patria común e indivisible de todos los españoles”
Para Maza, el desprecio jurídico lleva consigo un “perjuicio irreparable para las instituciones públicas”, por lo que ha garantizado que “estaremos en la vanguardia” de su defensa, de manera que tanto la Fiscalía General del Estado, como las la fiscalía provinciales, la del tribunal de Cuentas y la Fiscalía superior de Catalunya, estarán al tanto de los posibles quebrantos de la ley.
La referencia explícita al desafío soberanista del fiscal también vino cuando aseguró “la clara convicción de respeto a la ley que ampara la convivencia” y que “en esta tarea frente a la sinrazón de quien se sitúa al margen de la ley no cabe vacilación alguna”. Así, ha recetado proporcionalidad, justicia, pero también una respuesta “firme y enérgica” para “preservar patria común indivisible de todos los españoles”
Maza también ha declarado la lucha contra la corrupción como la “prioridad absoluta de la actual política criminal”. Ha reclamado al Gobierno la reforma procesal penal y ha calificado de “injustificada” la desconfianza argumentada para que la fiscalía asuma la instrucción.
El dirigente ha apostado por un “nuevo modelo procesal, preservando a las instituciones, con la “reordenación” de las tareas de jueces y fiscales, pero ha emplazado al Ejecutivo a actuar porque “le corresponde al legislador tomar las decisiones que corresponde” para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Además, ha defendido que “la tarea de la Fiscalía Anticorrupción continúa siendo de máxima relevancia” en este ámbito “frente a las infundadas” acusaciones hacia la institución. Y se ha apoyado en datos, los de la Memoria de delitos de 2016 que señalan que 1.378 cargos públicos investigados por corrupción y 399 condenados en firme, señala el fiscal del Estado.
F/lavanguardia.com
F/EFE