El tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso de Tidewater contra la República Bolivariana de Venezuela, emitió el pasado viernes 13 de marzo su laudo, confirmando que la nacionalización de los servicios y activos marítimos en el Lago de Maracaibo efectuada conforme a la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, fue totalmente legal en todos sus aspectos.
Asimismo, el tribunal rechazó la compensación exorbitante demandada por Tidewater y determinó que la compensación justa por los activos nacionalizados es de 46 millones de dólares, monto que incluye 44 millones por concepto de cuentas por cobrar generados por servicios prestados a filiales de PDVSA antes de la nacionalización. Ahora la República procederá a estudiar el laudo para verificar los cálculos del tribunal.