La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Confirmó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso Ayotzinapa presenta «graves irregularidades», lo que se traduce en que a más de tres años y medio de los hechos, el objetivo central, conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y alcanzar la justicia, no se hayan cumplido.
Al presentar el informe del primer año de labores del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), los comisionados de la CIDH señalaron que en particular hay una falta de en la investigación asociada a la línea de participación del Ejército, la Policía Federal (PF), las policías municipales, las autoridades estatales, y funcionarios de gobierno que por acción u omisión pudieran estar implicados en los crímenes perpetrados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y tampoco existen consignaciones por desaparición forzada, sino sólo por uso indebido de funciones, crimen organizado y secuestro.
Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la CIDH, y Luis Ernesto Vargas Silva, integrante del MESA, acompañados por la presidenta del organismo regional, Margarette May Macaulay, presentaron en Washington, Estados Unidos, esta tarde el informe.
En ese marco, señalaron que la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas, hecha pública el 4 de junio y mediante la cual se ordenó reponer el proceso, es un fallo inédito. Y exhortaron al Estado mexicano a cumplirlo, ya que esa es su obligación al tratarse de un mandato judicial.
Vargas indicó que con esa sentencia, la llamada «verdad histórica», que era la principal tesis de la PGR donde se asentaba que los 43 normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, «está enterrada». En ese sentido, los comisionados del MESA urgieron a las autoridades mexicanas a cambiar la narrativa de las investigaciones, a seguir nuevas líneas en las indagatorias.
Es de recordar que el Tribunal ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que estaría conformada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.
“Lo valioso hoy del Estado mexicano es que su Sistema Judicial alcanza hoy una sentencia que (…) debo reconocer como trascendente. En el reconocimiento del sistema judicial mexicano de la necesidad de reconducir una investigación (…) para obtener lo que las víctimas exigen”, señaló Arosamenta de Troitiño.
En el informe, la CIDH solicitó que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y dará seguimiento cercano a las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre México y Estados Unidos y las diligencias que se realicen con base en dicha información.
El Informe de Balance se publicó a un año de seguimiento a las recomendaciones de la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, apuntó el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los comisionados indicaron que las investigaciones de la PGR siguen fragmentadas, pues los expedientes de la justicia estatal no se han integrado en su totalidad a la investigación federal; además que hay investigaciones incompletas referentes a la PF, el Ejército, y policías locales.
Un hecho relevante es que no existen consignaciones por el delito de desaparición forzada, ni hay detenciones de actores o funcionarios de diversos niveles de gobierno que estén probablemente implicados por acción u omisión.