La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta en un informe su profunda preocupación por el futuro de los derechos humanos en Brasil.
Durante una rueda de prensa en Río de Janeiro, la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, ha expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Brasil cuando inicie el gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro.
Los miembros de la CIDH, órgano vinculado a la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó Brasil del 5 al 12 de noviembre después de recibir una invitación oficial del Gobierno brasileño cursada en noviembre de 2017.
Durante su visita, los comisionados intercambiaron opiniones sobre el tema con dirigentes de la sociedad civil, líderes sociales y estatales, así como con intelectuales y académicos. Todos estos sectores expresaron preocupación por las arengas del político ultraderechista Bolsonaro que ganó las presidenciales en segunda ronda el 28 de octubre y asumirá el cargo en enero próximo.
Bolsonaro, apodado el Trump brasileño y conocido por sus manifestaciones de corte machista, homófobo y racista, ha expresado en varias ocasiones su rechazo a las políticas a favor de los derechos humanos y las minorías, y ha prometido acabar con “todo tipo de activismo”.
A este respecto, Macaulay ha remarcado que “las declaraciones de odio son inaceptables sean de quien sean (…) ese tipo de conducta genera grave preocupación”, por lo que ha asegurado que la comisión reaccionará rápidamente “por el peligro que suponen” este tipo de dogmas.
La inquietud de la CIDH surge por temas que el ultraderechista ha citado desde su campaña como el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, la limitación de los derechos de los trabajadores y la posibilidad de disminuir la mayoría de edad penal.
Para la Comisión, que desde hace 23 años no visitaba Brasil, la situación de los derechos humanos en el gigante suramericano es “crítica” porque es un país que “no ha logrado resolver la discriminación racial y social”, y que necesita una reforma de la justicia.
El informe preliminar concluye que “la violencia institucional y la impunidad” siguen siendo una de las mayores fragilidades de la sociedad brasileña.