Alrededor de 20 empresas que han planteado modificación de condiciones o están paralizadas están siendo evaluadas por el Ejecutivo de manera de proteger los empleos y recuperar la producción, informó el diputado Oswaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
“Algunos de estos casos han llegado al Parlamento y los hemos remitido al Ejecutivo. Se están evaluando diversas alternativas de intervención, como la ocupación temporal, acuerdo mutuo para reactivar la producción o el traspaso al Estado. Estas alternativas permiten una salida más armoniosa que la que se planteó con Clorox, porque los dueños de manera grosera abandonaron el país”, manifestó el parlamentario.
Aunque no mencionó los casos específicos, aseguró que la clase trabajadora ha planteado la necesidad de mantenerlas operativas. Reiteró la necesidad de elevar la producción del país con la finalidad de superar el modelo rentista y diversificar la economía, mediante un proceso de industrialización que eleve la oferta de bienes no solo en el mercado interno, sino para la exportación, de manera que las empresas generen sus propias divisas.
Ante la queja de los empresarios del país respecto a la falta de divisas y la insistencia del Gobierno que hay suficientes recursos para suplir necesarios, se le preguntó al diputado si no es el momento de sincerar la situación económica, a lo que Vera respondió que es necesario el cambio del modelo económico y eso pasa por afinar los controles tanto en la producción de las empresas como en la distribución.
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Ambos temas fueron planteados por las trabajadoras y los trabajadores en el documento que le entregaron al presidente Maduro el 1 de mayo y serán tratados en el Consejo Presidencial de Gobierno de la Clase Obrera. En el caso de la distribución se planteó la necesidades de crear una gran distribuidora de productos del hogar y alimentos, tal como sucedió con la industria petrolera que asumió 80% de la distribución de combustibles después del paro petrolero.
Criticó la gestión de empresas privadas que tienen su propia flota en la distribución. “Han sido deficientes en la entrega de todos los productos. En los sistemas de control del Estado se han detectado fallas por parte de esas empresas, tanto en la producción como la distribución”, recalcó.
Al observarle que toda movilización de productos por parte de esas corporaciones debe tener una guía expedida por el Gobierno, Vera ripostó que esas empresas no solicitan para distribuir en los barrios más apartados, sin embargo, los productos llegan ahí.
EJEMPLOS EXITOSOS
El diputado por el PSUV resaltó la gestión de empresas públicas nacionalizadas como la Cantv o Venvidrio, que en su opinión han mantenido una gestión eficiente. En el caso de empresas como Lácteos Los Andes, Fama de América, Café Madrid y Aceites Diana aseguró que venían en retroceso y en el último año dieron un salto importante y han mejorado su producción. Esto ha sido posible por la acción de los trabajadores y sus críticas al tren directivo de esas empresas.
Hay otras empresas que estaban quebradas, pasaron a manos del Estado y reconoció que muy pocas han podido reflotar. “Estas son las que sacan los adversarios políticos para hablar del fracaso del modelo; ya no eran recuperables, pero el Estado las mantuvo para proteger los empleos”, aseguró.
Mencionó por otro lado las empresas básicas de Guayana en las que el Gobierno está efectuando un esfuerzo para reflotarlas. La idea es que no sean solo productoras de materias primas, sino que incorporen un mayor valor agregado, aseveró.
Según el diputado, el Ejecutivo está realizando un mayor esfuerzo para articular las empresas públicas y mejorar su producción, una labor que lleva adelante la Comisión presidencial para Empresas Recuperadas.
“En estos momentos todas estas propuestas se presentan en el Consejo Presidencial de Gobierno de la Clase Obrera, no necesariamente tienen que pasar por trámites burocráticos sino que llegan directamente al Primer Mandatario”, resaltó.
AUMENTO JUSTO
En relación al aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro. Consideró que es una política de compensación del Gobierno Bolivariano que alcanza en lo que va de año a cerca un alza efectiva de 52%, si se considera el efectuado en febrero de 15% y este fraccionado a partir del primero de mayo (20%) y julio (10%), sostuvo
Las política gubernamental en su criterio va más allá del salario, por eso desde los sindicatos bolivarianos y del Gobierno han coincidiendo en el salario integral que está relacionado dotaciones como la salud, el suministro de productos directos al obrero y la oportunidad de acceso a la vivienda de la clase trabajadora.
Esto se complementa con la discusión de los contratos colectivos y la variación de la escala salarial de los trabajadores en la administración pública. Se habían retrasado las negociaciones de las convenciones porque los sindicatos no se habían religitimado, observó.
Además de la discusión del proyecto de contrato de la administración pública, se está discutiendo el unificado del sector universitario, el de telecomunicaciones y el del sector eléctrico. “Son los que se están debatiendo y se deben concluir en los próximos meses. Para final de año está previsto debatir el del magisterio”, adelantó.
FORTALECER MOVIMIENTO SINDICAL
Respecto a la unidad del movimiento laboral, Vera está convencido de que la mejor herramienta para avanzar en los cambios de la sociedad es mediante un movimiento sindical poderoso.
“Nos dividieron por mucho tiempo y uno de los esfuerzos que se vienen haciendo es la unificación de la clase trabajadora. Eso no quiere decir que en esta diversidad de factores haya sectores que pretendan resquebrajar la unidad de las federaciones laborales, aunque ésta no es una política de Estado”, aclaró.
En su opinión, han surgido trabas en algunas instituciones del Estado para avanzar en la unidad del movimiento, pero indicó que es necesario que los sindicatos pongan los intereses de la Patria por encima de sus aspiraciones personales.
En cuanto a la eliminación de la tercerización, establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, el presidente de la Comisión del Desarrollo Social reconoció la corresponsabilidad de los patrones y de los sindicatos que no se prepararon ni tomaron medidas a tiempo para cumplir con la normativa a partir del 7 de noviembre.