El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se enfrenta al mayor escándalo político de su mandato. El caso gira en torno a las acusaciones de que su exfiscal general, Jody Wilson-Raybould, fue presionada indebidamente por algunos de los asesores de Trudeau para que evitara que una gran empresa de ingeniería canadiense fuera procesada por fraude y cohecho.
El coste político de este escándalo es alto: Gerald Butts, un gran amigo de Trudeau y su asesor más cercano, dimitió hace dos semanas. Wilson-Raybould también ha dimitido. Varias encuestas evidencian que la situación es, políticamente hablando, muy desgastante para los Liberales en el gobierno. Es razón de preocupación para el partido, que tiene las elecciones generales a la vuelta de la esquina, en octubre.
¿De qué se acusa a la compañía?
SNC-Lavalin, con sede en Montreal y operaciones en Libia, está acusada de pagar sobornos por valor de 48 millones de dólares canadienses a la familia de Muammar Gaddafi, con el fin de obtener lucrativos contratos. Supuestamente, pagó sobornos entre 2001 y 2011. De ser declarada culpable, la empresa no podría participar en licitaciones de proyectos federales durante una década.
SNC-Lavalin emplea a casi 50.000 personas en todo el mundo. De estos puestos de trabajo, 3.400 se encuentran en Quebec. Los ejecutivos de la empresa han estado presionando para alcanzar un «acuerdo de enjuiciamiento diferido», que les permitiría pagar una multa y evitar un juicio penal. Además, la compañía podría seguir presentándose a concursos públicos. A pesar de las presiones, la fiscalía ha decidido procesarla.
Y esta es precisamente la clave del escándalo: se acusa al primer ministro y sus asesores, así como al ministro de Economía, de presionar a Wilson-Raybould para que intervenga y evita el juicio. También se los acusa de pedir a la Fiscalía que aceptara un acuerdo de enjuiciamiento aplazado. La que fue fiscal general se negó a contradecir la opinión de su equipo de expertos legales.
¿Qué dice Wilson-Raybould?
El miércoles, en un mordaz testimonio ante el comité de Justicia del parlamento, Wilson-Raybould detalló los esfuerzos «sistemáticos y constantes» [de Trudeau y sus asesores] para hacerla cambiar de opinión. Explicó que a pesar de que les repitió una y otra vez que no iba a cambiar de parecer, esto no hizo más que intensificar las presiones. Recibió «amenazas veladas» por parte del equipo de Trudeau, que le insinuó que de seguir así iba a tener un conflicto con el primer ministro.
En su declaración, la ex fiscal señaló que si bien era apropiado que los ministros y su equipo se interesen por un caso e intenten proteger puestos de trabajo en el país, es inapropiado que como fiscal general tenga que tomar decisiones basadas en «consideraciones políticas partidistas». Su comparecencia ante el comité supone el primer reconocimiento público de que Trudeau la presionó hasta el punto de que ella se vio en la obligación de avisarle de que lo que pedía era improcedente.
¿Qué dice Trudeau?
Trudeau no ha negado que él y sus asesores hablaran con Wilson-Raybould y su equipo sobre SNC-Lavalin. Afirma que todos los intercambios de opinión fueron respetuosos y procedentes. El jueves, reiteró su convencimiento de que, como primer ministro, es su trabajo y su deber proteger los puestos de trabajo de los canadienses; probablemente una referencia a los empleos que se perderían si la empresa fuera condenada.
¿Es muy grave?
El líder de la oposición, Andrew Scheer, ha pedido a Trudeau que dimita y el presidente ha descartado esta posibilidad. Otros líderes políticos han pedido que se investigue este asunto más a fondo y el comisionado de ética del país está investigando. No obstante, en la sesión del comité de Justicia del miércoles, los miembros del Partido Liberal cerraron filas en torno a Trudeau. Ningún miembro destacado del partido ha apoyado públicamente a Wilson-Raybould desde el pasado miércoles.
¿Qué dicen los medios de comunicación canadienses?
Los principales periódicos del país publicaron en portada el testimonio de Wilson-Raybould el jueves. La mayoría de las portadas incluían fotos de gran tamaño de una exfiscal general en actitud desafiante. «Me negué, ya había tomado una decisión», es el titular del National Post.
«Wilson-Raybould cuenta su versión», titula Toronto Star. «Wilson-Raybould señala con el dedo acusador al primer ministro», afirma el Vancouver Sun. Y el Globe and Mail, el primero en publicar esta historia, salió con el titular «Un esfuerzo por interferir políticamente.»
¿Qué pasará a partir de ahora?
Varios altos cargos han solicitado testificar ante el comité de Justicia, entre ellas Gerald Butts, ex asesor de Trudeau, y Michael Wernick, el funcionario público de más alto rango del país. Ambos estuvieron presentes en muchas de las discusiones y han declarado públicamente que no hicieron nada improcedente. El primer ministro ha afirmado que sopesará el papel que desempeñará a partir de ahora Wilson-Raybould en el partido. Aunque el escándalo probablemente no le perjudicará en Quebec, donde su apoyo a la empresa SNC-Lavalin es visto con buenos ojos, sí podría dañar su reputación en el resto del país.