Representantes de 820 familias afectadas por estafas inmobiliarias en el estado Zulia acudieron a la Defensoría del Pueblo para solicitar apoyo y acompañamiento en esta lucha que ya tiene cinco años.
El diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Zulia), Eduardo Labrador, introdujo el documento y explicó que una misiva similar se enviará al Ministerio Público (MP) y a los tribunales de la República, “para exigir que se avoquen a trabajar para defender los derechos de estas familias que han visto mermada su calidad de vida”.
Labrador informó que el pasado 9 marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró sin lugar la solicitud realizada por el Ministerio Público, ente que pidió radicar varias de las causas. “Ahora deben regresar al Zulia todas las causas que reposaban en los tribunales de Caracas”.
“Hacemos un llamado al Fiscal Superior del Ministerio Público en el Zulia para que dé mayor celeridad a estos casos, y poder así tomar las acciones correspondientes en aras de brindar finalmente respuesta a las víctimas”, expresó.
El diputado aseguró que continuará en lucha contra la corrupción, “venga de donde venga y caiga quien caiga”.
URGENTE SOLUCIÓN
El delegado de la Defensoría del Pueblo, José Faría, aseguró que buscará una reunión urgente con el Fiscal Superior para que ofrezca información sobe los casos y se les dé celeridad: “Debemos tratar de ofrecer respuestas a la gente que ha sido presuntamente estafada”.
Agregó que citarán a los implicados, “ya que se están violando los derechos humanos de las víctimas”.
Entre los casos que más suenan están los estafados en el conjunto residencial Los Avatares I, II, III; María Auxiliadora, Residencias Orión y Puerto Manú.
Eglé González se presentó ante la Defensoría del Pueblo como víctima de la empresa Confraca, inmobiliaria que construía en el año 2009 el conjunto residencial Villa Dorada.
“Caímos por incautos, nos pintaron un panorama bello y no terminaron nada, luego invadieron lo que había y nos quedamos desamparados, porque hemos ido a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y en todas partes nos dilatan el caso y hasta la fecha no hay solución posible”, manifestó.
Destacó que todas las familias afectadas dejaron en este sueño de poseer una casa digna, todos sus recursos, en su caso, perdió más de la mitad de sus prestaciones sociales, que son 42,3 millones de bolívares.
Finalmente, María Amparo Saloa, explicó que en el año 2001 canceló 500 mil bolívares por un apartamento que nunca le entregaron, ya que la presunta dueña lo vendió dos veces: “Luego de haber recibido mi dinero lo vendió de nuevo a otra familia y hasta la fecha las autoridades no me resuelven nada”.