Este martes, los servidores públicos de la Oficina Nacional de Financiamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzaron un proceso formativo sobre control del financiamiento político-electoral, que se llevará a cabo hasta mediados del mes de julio próximo, informó el director de la referida oficina, Saúl Bernal.
Indicó que la finalidad es garantizar la mayor transparencia en el origen, manejo y destino de los recursos por parte de actores y organizaciones con fines políticos, acciones en las que los servidores públicos darán orientación.
«Un sano financiamiento, evidentemente, va a contribuir al fortalecimiento de la democracia sana en el país», manifestó este martes Bernal durante el acto de instalación de la conferencia sobre el control del financiamiento político-electoral, efectuado en el auditorio Batalla de Carabobo del Museo Boliviano, en el centro de Caracas.
El director de la Oficina Nacional de Financiamiento del CNE recordó que está prohibido, de acuerdo con la Constitución Bolivariana de Venezuela, que el financiamiento para las campañas electorales sea de origen público; debe proceder, por el contrario, de fuentes privadas, con algunas limitaciones. Esta información debe estar detallada en el Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas, creado en el 2008.
Para la evaluación del origen del financiamiento de las campañas se trabaja en sinergia con otras instituciones del Estado, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; el Ministerio Público; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; el Servicio de Registros y Notarías (Saren); y la Defensoría Pública.
De allí la necesidad -agregó Saúl Bernal- de promover una cultura de rendición de cuentas sobre el origen, uso y aplicación de los fondos, obligación que debe cumplirse 60 días después de cada proceso electoral. «Las comunidades deben también velar porque el financiamiento sea de origen lícito y legalmente aplicable», dijo.
Garantizar la legalidad y legitimidad de los recursos, su manejo y aplicación por parte de las organizaciones políticas es obligación del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley Orgánica del Poder Electoral y en la Ley de Procesos Electorales.
Al respecto, el rector Luis Emilio Rondón, representante de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, indicó que la importancia del control del financiamiento y de la rendición de cuenta por parte de las organizaciones con fines políticos radica en que es «una actividad medular importante en procura de garantizar el equilibrio y el fortalecimiento del sistema democrático».
«Es así como el CNE y, en particular, la Oficina Nacional de Financiamiento, que desde su seno ha venido auspiciando actividades orientadas a generar una cultura que no existía dentro de los actores políticos, que es la cultura de rendición de cuentas, de ofrecer la información destinada a que se conocieran los gastos ordinarios y especiales que estas organizaciones realizan en el marco de las actividades ordinarias, como las campañas electorales, que permiten contribuir al equilibrio y la difusión de los mensajes de las organizaciones», explicó.
En la instalación de la conferencia también estuvieron presentes el director general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Ramón Silva, y el gerente de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), Gerardo Fossil.