En el Día Internacional por la Despenalización del Aborto (28 de septiembre), colectivos y movimientos sociales feministas, antipatriarcales, socialistas y «profundamente chavistas» venezolanos, realizaron una concentración enfrente del Palacio Federal Legislativo bajo el lema, «Vivas Nos Queremos», con el objetivo de ser escuchadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
“Estamos a favor de una Venezuela en la que se respeten y se visibilicen jurídicamente los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de todas y todos”, expresa el comunicado suscrito por la Plataforma Popular Constituyente “Chavismo Bravío”, Alba Movimientos, Red de colectivos “la Araña Feminista” y la Red de Información por un Aborto Seguro (RIAS).
Las activistas manifestaron su profunda preocupación por el hecho de que en 18 años de Revolución Bolivariana no se había logrado, “un completo desarrollo legal y material de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, siendo que son parte integral de los derechos humanos fundamentales de un pueblo en revolución, y marcan la diferencia entre la vida y la muerte de muchas mujeres de nuestra patria”.
Por ello, solicitaron al Poder Originario que se hiciera “parte activa en la lucha por lo que es justo”.
En el documento se solicitó lo siguiente:
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Se amplíen los derechos sexuales y derechos reproductivos con la dedicación en el nuevo texto constituyente de un capítulo exclusivo para ellos. Actualmente, estos Derechos están contemplados en el art. 76 de nuestra CRBV, donde se establece el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir, y la protección de la matern Para ampliarlos se debe tener en cuenta la inviolabilidad del derecho a la vida y a la salud, el derecho a la autonomía corporal de todas las personas y la prohibición de cualquier tipo de mercantilización o lucro sobre el ejercicio de la autonomía.
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Se garantice el acceso a servicios de calidad para la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas las etapas de su vida. Deriva esto, del derecho a la vida, y de la necesidad de garantizar el acceso a servicios de calidad . Esto implica visibilizar en el texto constituyente el esfuerzo que ya hace el Estado para crear las condiciones necesarias para que las mujeres no mueran por causas relacionadas con el parto y el embarazo, que se haga pues constitucional el derecho a un parto humanizado, que respeta los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y violencia.
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Se incluya el derecho de las mujeres y las personas sexo-género diversas a decidir sobre sus funciones reproductivas y sobre su sexualidad. Toda persona tiene derecho al ejercicio libre de su sexualidad, teniendo solamente como límite el respeto al derecho de los demás. Así como también, el derecho de toda persona a formar una familia, independientemente de su orientación sexual o su identidad y expresión de género.
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Se reconozca el derecho a decidir de las mujeres sobre la interrupción o no de un embarazo, que pasa por excluir del texto constitucional toda referencia religiosa, en especial del término “concepción” y se tome como inicio de la vida los mismos parámetros legales que para el cese de la misma, es decir, la actividad eléctrica cerebral, evento que en un cigoto se da alrededor de las 12 semanas. Es así como, en función de salvaguardar el Derecho a la Vida de las mujeres venezolanas solicitamos que la interrupción voluntaria del embarazo sea garantizado de forma gratuita por el sistema público de atención médica, con el objeto de salvaguardar la vida de las más pobres y equilibrar así las desigualdades sociales existentes hoy, en el acceso a métodos seguros para ello.
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Se incluya el derecho y el deber a la educación sexual a lo largo de toda la vida y en todas las etapas de la educación, y se incorpore la educación para el placer; haciéndose corresponsables de la viabilidad de éste derecho el Estado, las familias y la sociedad toda.
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Se incluya el derecho al acceso gratuito a anticonceptivos de barrera, hormonales y de emergencia, siendo su distribución obligatoria en los establecimientos educativos y de salud, tanto públicos como privados.
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Proponemos además que el texto constitucional en su conjunto, pero especialmente lo que tiene que ver con la sexualidad, la reproducción y el placer se debata abiertamente, de cara a un país que delinea un nuevo contrato social ampliando los principios y derechos ya garantizados en la CRBV de 1999, garantizando se respeten los artículos 19 y 21. A saber:
Goce irrenunciable de los derechos humanos y progresividad de los mismos (CRBV art. 19)
No discriminación. Reconocimiento de la necesidad de medidas positivas para superar la discriminación y la existencia de discriminación por resultado (CRBV art. 21)
El comunicado finaliza invitando a la ANC y a la población venezolana a atreverse, “a avanzar en nuestros Derechos, para hacer nuestras vidas más felices y plenas”.
F/ChavismoBravío y CO
F/Irene Echenique