En diciembre de 2009, la alegría navideña evitó que una tétrica noticia tuviese mayor difusión. Las denuncias de las y los pobladores de la localidad de La Macarena, municipio colombiano del Departamento del Meta, en la región central de Colombia, se conoció de la existencia de una fosa común que contiene al menos 2.000 cadáveres sin identificar.
Los rumores se esparcían entre los lugareños, pero las autoridades al parecer no tenía ninguna intención de iniciar una investigación seria. Fue debido a la insistencia de algunos familiares de desaparecidos, y a la visita de una delegación británica compuesta por parlamentarios, dirigentes sindicales, y abogados laboralistas que visitaron Colombia desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre, que se realizó una inspección en el sitio donde estaba ubicada la supuesta fosa.
“Anónimos” con muchos dolientes
El secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia (CPDH), abogado Jairo Ramírez, acompañó a la delegación británica a La Macarena. “Lo que vimos fue escalofriante”, declaró a la prensa en esa ocasión. “Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN”. El rótulo NN indica que se trata de un cadáver “anónimo”.
“La población tiene la sospecha de que hay familiares suyos desaparecidos que pueden estar enterrados como NN tras ser dados de baja en combate», dijo entonces Ramírez, quien también informó que las fechas de las placas que señalaban los entierros masivos iban de 2005 a 2009.
La delegación británica que inspeccionó la fosa hizo un pronunciamiento en el que afirmaba que se habían reunido “con el ejército, el Secretario de Gobierno, la Defensora, y líderes de la comunidad La Macarena. Escuchamos docenas de testimonios sobre el tratamiento escalofriante y brutal de los campesinos y otros civiles por el ejército. Nos horrorizó (ver) los cientos de cadáveres NN en el cementerio. A pesar de afirmaciones contrarias, está claro, por las fechas en las tumbas, que las ejecuciones extrajudiciales siguen. No vimos ninguna evidencia de inversión en infraestructura social”.
El documento lo firman Luke Crawley, vicepresidente del Bectu (Sindicato de Televisión, Cine, Teatro y Comunicación Interactiva); Jeremy Dear, presidente del NUJ (Sindicato Nacional de Periodistas) y Comité Ejecutivo del TUC (Confederación Sindical Nacional); Jeff Ennis, parlamentario del Partido Laborista del Reino Unido; Glenn Jackson, del Comité Ejecutivo del Sindicato Unite; Jim Kennedy, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista y Responsable Político de Ucatt (Sindicato de Construcción y Técnicos); Mark Lyon, del Comité Ejecutivo del Sindicato Unite; Joanna Stevens, de la Organización de la empresa de abogados Thompsons y Spencer Wood.
Piden Bloquear el TLC
En la misma declaración, estos representantes de distintos sectores de la sociedad británica hicieron un llamado para que su país bloqueara “cualquier ayuda militar o asistencia internacional a las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea”.
De igual manera, el pasado viernes, un grupo de parlamentarios españoles denunció la «vulneración sistemática» de los derechos humanos en Colombia, y pidió vincular el tema a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ese país y la Unión Europa (UE). La misión española está integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CIU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví).
Esta delegación ibérica, integrada por siete congresistas, estuvo una semana de visita en Colombia, y coincidió en indicar que la «vulneración sistemática» de derechos humanos en este país es consecuencia del «conflicto social, político y armado interno». La visita concluyó con una declaración escrita en la que se establecía que «la población civil es la principal víctima del conflicto».
Colombia espera concretar las negociaciones para el TLC con la UE, durante el primer semestre de este año.
No hay voluntad
El caso de La Macarena ventila la posible existencia de más de mil fosas comunes en distintas partes del Colombia. Se estaría hablando de miles y miles de personas desaparecidas a causa de la violencia política.
Las declaraciones en versión libre de ex-paramilitares desmovilizados y ampararados bajo los procesos de la Ley de Justicia y Paz, que garantiza una “pena simbólica” a cambio de la confesión de delitos, ha permitido ubicar sólo algunas de estas fosas.
El periodista Antonio Albiñana , entrevistó al sociólogo y escritor colombiano Alfredo Molano, al respecto: “¿cuál es la situación de las fosas en Colombia?” La respuesta de Molano fue contundente: “La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo”, dijo el investigador.
En la misma entrevista, Molano asegura que el gobierno de Uribe no tiene ninguna voluntad política para tratar de esclarecer estas atrocidades.
Tras la pasada visita de los británicos, se ha mantenido de bajo perfil el caso de la fosa común de La Macarena. De confirmarse estos datos, y si las autoridades hicieran o permitieran realizar una exhaustiva investigación, se confirmaría la existencia en Colombia de la mayor fosa común de la historia reciente de América Latina, según el criterio de algunos especialistas en materia de Derechos Humanos.
Para el momento del hallazgo,el general Freddy Padilla de León, Comandante de las Fuerzas Militares colombianas , indicó que su institución lleva adelante todos los esfuerzos por «facilitar las labores de las autoridades competentes en la región de La Macarena”.
«Nuestra voluntad siempre ha sido colaborar», señaló un vocero de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta el sol de hoy, la situación se mantiene igual que antes de la visita de los británicos. No hay certeza de una investigación serie del Estado colombiano para esclarecer estos crímenes que rayan en el genocidio.